En juicio abreviado condenarán a una pareja por defraudación al Estado

En año pasado salió a la luz una millonaria defraudación cometida al estado de la mano de una contadora y su marido en el Ente General de Parques y Areas Industriales de Salta; que sorpresivamente se resolverá en un juicio abreviado el 15 de noviembre.

Tras la confesión de los acusados, se llegó un acuerdo y se les impondrán penas de dos y tres años, también inhabilitación para ejercer dentro de la administración pública.

El Juzgado de Garantías de Tercera Nominación fijó para el próximo viernes la audiencia en la que el esposo de la mujer recibiría una sentencia de dos años en suspenso, como partícipe primario del defalco que terminó con el Ente intervenido en septiembre de 2018.

La contadora, que enfrenta cargos por fraude a la administración pública y falsificación de instrumentos públicos y privados, arribó a un acuerdo de procedimiento abreviado inicial con el Ministerio Público Fiscal tras  aceptar  los cargos, por lo que recibirá una pena de tres años de cumplimiento condicional y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos.

A través del procedimiento abreviado inicial, modalidad prevista en el artículo 422 del Código Procesal Penal, se evita la realización de un juicio oral tradicional con un acuerdo de condena entre fiscal e imputado, que debe ser luego homologado por el juez. Este es el paso que -en el expediente que tiene al Ente constituido como querellante particular- se cumpliría en la audiencia programada para el 15 de noviembre.

Los términos propuestos con la conformidad de la defensa de la pareja acusada, contemplan una reparación del daño causado al Estado provincial de $540.000. La suma no se condice con el perjuicio estimado en las arcas de la Provincia, por lo que no se descarta que la Fiscalía de Estado observe este punto del acuerdo.

El caso

Las actuaciones que desembocaron en la intervención del Ente General de Parques y Áreas Industriales, en septiembre de 2018, se habían iniciado diez meses antes cuando uno de los directores del organismo, Sebastián Bajcetic, advirtió un faltante de documentación contable y solicitó a la Sindicatura de la Provincia una auditoría interna que abarcó varios períodos.

Así saltó a relucir una millonaria malversación de fondos provenientes de la venta de lotes y expensas del Parque Industrial de Salta. La auditoría también confirmó maniobras ilícitas con cheques adulterados. Ante la gravedad y alcance de las irregularidades, en enero de 2018 la Sindicatura recomendó al Ejecutivo provincial la intervención administrativa del Ente. La medida se instrumentó en septiembre de ese año por seis meses. El pasado 19 de septiembre, cumplido el plazo inicial, el Gobierno la prorrogó a través del decreto 507.

El 7 de agosto último, con otro decreto, el 1082, el gobernador formalizó el cese del directorio que había sido apartado de la administración Ente de Parques Industriales en septiembre de 2018.