Tráfico de drogas: El hermano del Senador Lapad pagará un millón pero no irá a la cárcel

En una audiencia de acuerdo pleno, el fiscal federal Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, logró la condena de tres de los once imputados del caso, que saltó a la luz el 18 de octubre pasado a partir de una investigación impulsada junto al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) , Diego Iglesias.

La condena de Juan Antonio Lapad, hermano del senador provincial por el departamento Rivadavia y vicepresidente de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad, se formalizó ante el juez federal Julio Bavio, quien homologó también las penas de otros dos imputados. En la sentencia, dictada en el marco de un “acuerdo pleno” -una de las herramientas procesales vigentes a partir de la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy-, se condenó a Lapad a la pena de seis años en prisión domiciliaria y el pago de una multa por 1. 080.000 pesos.

Lapad fue declarado responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, en calidad de autor, y por la utilización de un menor de edad.  Asimismo, se dispuso la inhabilitación absoluta por el término de la condena y costas del proceso.  En la misma audiencia también se condenó a Eduar Elvidio Santillán a cuatro años de prisión efectiva, multa de 378 mil pesos e inhabilitación absoluta por el término de la condena y costas del proceso, todo ello por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de coautor.

Marcelo Cruz, otro de los ahora condenados, recibió una pena de tres años de prisión condicional y multa de 243 mil pesos por ser considerado partícipe secundario. Además, se le impusieron estrictas reglas de conducta.

Otros ocho  imputados, en tanto, siguen bajo investigación por el delito de transporte, entre ellos Sergio Lapad. Las imputaciones surgen de una investigación iniciada por la PROCUNAR NOA y dirigida por los auxiliares fiscales  Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier.

Todo comenzó el 26 de julio del año pasado, cuando la Unidad de Investigación en delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Salta, de Gendarmería Nacional, remitió un informe sobre la existencia de “una presunta organización delictiva transnacional que se dedicaría al acopio de droga en Morillo, Alto La Sierra y Los Blancos (Salta) y también en otras localidades en Formosa, para luego transportarla hacía los grandes centros urbanos del país”.

A partir de este informe, la fiscalía llevó adelante una serie de tareas de inteligencia y solicitó distintas intervenciones telefónicas, lo que permitió establecer efectivamente el accionar de los acusados, tanto en el acopio de estupefacientes como su traslado desde el norte de la provincia hasta la capital.