Robo de caños: “Entregar bienes del Estado a cambio de juegos para niños es muy loco”

En el marco de la investigación por el robo de 35 kilómetros de caños pertenecientes a la obra del gasoducto del NEA, la Fiscalía Descentralizada de Orán, formalizó la imputación penal contra el intendente de la localidad de Aguaray, Jorge Enrique Prado; el secretario de Hacienda de ese municipio, Freddy Marcelo Céspedes y el empresario Diego Andrés Alos, titular de la firma OSYP SA.

A todos se les acusó por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de dos a seis años de prisión. “El Ministerio Público Fiscal imputa a los acusados el haber permitido la desafectación de bienes que no le son propios, pues entendemos que se autorizó la sustracción de los caños del Gasoducto Nea que pasan por el territorio del municipio de Aguaray”, sostuvo el fiscal general Eduardo José Villalba.

En su exposición, el fiscal resaltó la gravitación que tuvo en los distintos hechos investigados la resolución 1215/19 de la Municipalidad de Aguaray. “El delito surge de este acto administrativo, en el cual se concreta la disposición de bienes ajenos, pues nadie puede disponer de algo que no le pertenece y más, cuando en realidad es propiedad del Estado Nacional”, señaló.

También advirtió que esta maniobra se despliega apenas se produce la asunción del nuevo intendente. “El mismo día que asume Prado ya aparece en escena Alos. Y lo hace con una nota con fecha del 10 de diciembre de 2019. Obviamente, se trata de una acción que señalamos como indebida”.

Luego, resaltó que trece días después, el 23 de diciembre, Prado “concreta su parte” y emite la resolución 1215/19, en la cual “se aducen razones ambientales que, aún en el caso de estar acreditadas o no, ello tampoco autorizaría a la disponibilidad de esos bienes”.

Además indicó que hubo desacuerdos en el gobierno de la comuna con la decisión de Prado respecto a los caños, razón por la cual, un funcionario municipal se vio en la obligación de renunciar.

Por último, consideró un insulto a la inteligencia que a cambio de permitir la desafectación de los caños se acordara como contraprestación el arreglo de una plaza y juegos para niños e iluminación. “Es inadmisible, pues entregar bienes del estado nacional a cambio de juegos para niños es muy loco, es totalmente inexplicable”, aseveró.