Más de $2,5 millones y 10 mil horas de trabajo comunitario, el saldo de la resolución alternativa de conflictos con el nuevo Código Procesal

Desde junio de 2019, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal Federal, las Unidades Fiscales de Salta y Jujuy y las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal cerraron 136 acuerdos, en los que los conflictos con la ley penal de diferentes personas imputadas se resolvieron de forma alternativa y dejaron ingresos por más de dos millones de pesos destinados a entidades públicas y de la sociedad civil, más de 10 mil horas de tareas comunitarias y una tonelada y media de mercadería, entre comestibles, artículos de limpieza, estufas y materiales de construcción.

El artículo 22 del nuevo Código Procesal Penal Federal faculta a jueces y fiscales para “resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.

Las donaciones de dinero alcanzaron los $2.547.206 pesos y las horas de trabajo sumaron 10.331, lo cual equivale a 428 días, un año y dos meses de trabajo por parte de los beneficiarios de esos acuerdos, quienes se comprometieron a la realización de diferentes labores, como desmalezamiento, preparación de alimentos, cuidado de niños y ancianos, dictado de clases virtuales y servicio de remise.

En el caso de la Unidad Fiscal Salta (UFISA), los acuerdos fueron llevados adelante por los fiscales Eduardo José Villalba, titular del Área de Atención Inicial; Ricardo Toranzos, responsable de las áreas de Investigación y Litigación de Casos Complejos, No penal y de Víctimas; y Francisco Snopek, a cargo del Área de Flagrancias e Investigación y Litigación de Casos Sencillos y del Área de Ejecución Penal.

En tanto, los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero, lo hicieron desde de las sedes descentralizadas de Orán y Tartagal, respectivamente; y por la Unidad Fiscal Jujuy el fiscal Federico Zurueta, a cargo de las áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigación de casos complejos y Ejecución Penal; y Sebastián Jure, de Flagrancias e Investigación y Litigación de Casos Sencillos y Atención a Víctimas.

De los 136 acuerdos registrados, 73 pertenecen a la UFISA, mientras que 13 se celebraron en las sedes de Orán y Tartagal. Otros 50 corresponden a la Unidad de Jujuy, entre los que se contabilizan 24 acuerdos con aplicación de criterio de oportunidad, es decir, aquellos en los cuales el MPF prescinde de la persecución penal.

Del total de donaciones de dinero, $1.608.600 corresponden a acuerdos de suspensión de juicio a prueba obtenidos por el fiscal Snopek; otros $205.196 surgen de tratativas del fiscal Toranzos; mientras que $78.000 provienen de las sedes de Orán y Tartagal. En materia de acuerdos por criterio de oportunidad, el fiscal Zurueta, de la Unidad Fiscal de Jujuy, informó un total de $ 655.410,57.

Las donaciones de dinero, entrega de mercadería y cumplimiento de horas de tarea comunitaria se cumplen en términos fijados en los respectivos acuerdos, por lo general a lo largo de un año o menos, en determinados casos.

Mercadería y materiales

Los acuerdos arribados también dejaron un saldo de 1.500 kilos de mercadería, tanto entre comestibles como artículos de limpieza, mientras que en menor medida figuran la compra de materiales para la construcción o artículos del hogar, como estufas.

Dada la situación sanitaria debido a la pandemia de COVID-19, las fiscalías se volcaron a obtener, producto de estos acuerdos, donaciones de insumos médicos, tales como oxímetros de pulso, pistolas termómetro láser, tensiómetros e incluso la fabricación de portasueros.

El dinero, las horas de trabajo y la entrega de mercadería e insumos son destinados a 75 entidades de bien común, la mayoría de ellas pertenecientes a Salta y Jujuy, aunque también se dispusieron ayudas dirigidas a hospitales de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires.

De todas las entidades beneficiadas, 32 son hospitales y centros de salud, ubicados tanto en la capital de Salta y Jujuy, como en municipios del interior de esas provincias. También hay comedores y merenderos, escuelas, asilos, hogares, parroquias y otras instituciones, como el Comité Operativo de Emergencia (COE), unidades carcelarias y municipalidades.

Paquetes de arroz, cajas de leche, bolsas de fideos, fardos de harina, cientos de litros de lavandina y de alcohol en gel, barbijos, bolsones de pañales, potes de pinturas, colchones, entre otras mercaderías y materiales, constituyen el aporte para las instituciones, muchas de ellas propuestas por los mismos imputados.

En tanto, las tareas comunitarias permitirán refacciones específicas en determinadas entidades, como trabajos de pintura y albañilería.

En otros casos, un profesional acordó dictar clases de inglés en una escuela en Orán, mientras que otro profesor asumió el compromiso de atender las necesidades de estudiantes del nivel secundario, en Jujuy, en materias como matemática y física. Asimismo, otro imputado, con habilidades para la herrería, se comprometió a fabricar diez portasueros para el hospital Papa Francisco.

Principios rectores

Desde el 10 de junio de 2019, y de manera exclusiva con respecto al resto del país, Salta y Jujuy se rigen a partir del nuevo Código Procesal Penal Federal, el cual promueve, desde su segundo artículo, los principios del sistema acusatorio.

La norma impulsa a los fiscales, en quienes descansa la disposición de la acción penal, a “observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización”.

Los acuerdos se lograron en trámites que abordan delitos e infracciones, cuya configuración penal corresponde a sucesos de menor gravedad en relación al bien jurídico protegido infringido y que no afectan gravemente el interés público. Incluso, y en consonancia con el principio de “última ratio”, se trata de hechos en los que la pena de prisión que amenaza la conducta no aparece como la respuesta más adecuada.

La mayoría de los casos resueltos de esta forma son por encubrimiento de contrabando, infracciones a las medidas sanitarias en el marco de la pandemia COVID-19 y otros delitos menores. Por ello, los fiscales promueven los acuerdos en el marco de la suspensión de juicio a prueba, de procesos conciliatorios o por aplicación del criterio de oportunidad.

El arribo a estas soluciones se propicia mediante las normas procesales y la política criminal establecida por la Procuración General a través de distintas resoluciones.

En el paso del viejo sistema mixto al acusatorio, los fiscales coinciden en sostener que muchos de estos delitos menores, por lo general, se perdían en el tiempo sin llegar a tener ningún tratamiento o, en el mejor de los casos, eran declarados prescriptos.

Sin embargo y a partir de la plena vigencia del sistema acusatorio, todos estos casos son atendidos con celeridad y su solución trae aparejados beneficios a la comunidad y una salida alternativa válida para los infractores e imputados.

En esta tarea, con excepción de los casos de criterio de oportunidad, los fiscales destacan la disposición de los distintos jueces federales de garantías, quienes participan activamente en propiciar estas soluciones, tal como lo establece el nuevo código. En igual medida, los representantes del MPF destacan el rol de la Oficina Judicial de la región, la cual coordina, con las dificultades que presenta la pandemia, todos los medios tecnológicos para la concreción de estos acuerdos.