La relevancia de la educación para la erradicación del trabajo infantil

Autora: Leila Mónica Alberto (Abogada, Magister en Magistratura y Derecho Judicial, Especialista en Derecho del Trabajo, Diplomada en Derecho Privado)

A pocos meses de comenzar el 2021, año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, y atendiendo a la problemática que se encuentran atravesando los niños/as, adolescentes y jóvenes estudiantes por la COVID-19, que les exigió -en muchos casos- dejar su educación de lado para buscar trabajo y ayudar a su familia por la crisis económica, o porque quedaron como responsables ante la salud de los adultos que los tenían a cargo y en el peor de los casos por el fallecimiento de alguno de ellos, a causa de esta pandemia sin precedentes que está arrasando con los más vulnerables a nivel mundial, y requiere que cada uno de nosotros, tome conciencia de cada arista de esta triste situación, y a través de un trabajo conjunto entre los distintos actores involucrados de cada Estado, de manera directa e indirecta, no queden en vano los esfuerzos de todas las Naciones Unidas para lograr el goce pleno de los derechos de la niñez.

Para ello, y tratándose de una realidad muy compleja, considero que -luego de ponderar estadísticas y documentos de Organismos internacionales de interés preocupados por esta problemática mundial- que no podemos desconocer un documento relevante, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT): COVID-19 y trabajo infantil: en tiempos de crisis, es hora de actuar (2020) , el cual señaló que, “Ahora más que nunca niños, niñas y adolescentes deben estar en el centro de las prioridades de acción que, en su conjunto y a través del diálogo social tripartito, ofrezcan respuestas para consolidar los avances en la reducción del trabajo infantil, especialmente en sus peores formas” (comunicado de prensa de la web de OIT del 12 de junio de 2020).

En el mismo, se enuncian circunstancias fácticas que constituyen problemáticas comunes para la mayoría de los países que sufren la pandemia, y que de alguna manera pueden influir en el trabajo infantil, pero sólo desarrollaré la titulada como Cese o cierre de las Escuelas, en razón de que entiendo que a más de la situación sanitaria, también la educación en sus distintas modalidades y niveles, debe ser prioritaria para la política ejecutiva, judicial y legislativa durante y post pandemia; en razón de que ella va de la mano de la erradicación del trabajo infantil, por lo que juntas se vuelven relevantes en toda agenda política que busca el desarrollo presente y futuro de toda sociedad de derecho. 

En este marco, destaco que tanto OIT como UNICEF, exponen que el trabajo infantil, no es solo una causa, sino también una consecuencia de inequidades sociales reforzadas por la discriminación y por ello se requiere una acción efectiva para combatirlo, abordando la amplia gama de vulnerabilidades que los niños afrontan, implementando políticas y programas que puedan contribuir a la eliminación del trabajo infantil a través de soluciones sostenibles para abordar sus causas fundamentales[3] (OIT, 2020), y para ello -reitero- debe ser prioritaria la educación, pero mirada a conciencia desde los distintos derechos de la infancia, que exigen buscar soluciones pero no dogmáticas, sino que respondan a cada realidad social -provincial, nacional, latinoamericana- para que puedan tornarse efectivas, atendiendo a la cultura, historia y costumbre de cada grupo infanto-juvenil.

Cese o Cierre de las Escuelas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ya en el 2008- estimaba que “que unos 165 millones de niños, de 5 a 14 años de edad, son víctimas del trabajo infantil. Muchos de ellos trabajan durante largas horas y en condiciones peligrosas”[4](2008).Y, luego -conforme nuevas estimaciones mundiales de la OIT de 2016, se afirmó que el número de niños en situación de trabajo infantil ha disminuido de 92 millones desde el año 2000. Sin embargo, hoy en día, “siguen habiendo 152 millones de niños víctimas del trabajo infantil, de los cuales 73 millones realizan trabajos peligrosos. Debemos acelerar considerablemente la acción para alcanzar la meta de los ODS de poner fin al trabajo infantil, en todas sus formas, en 2025”[5] (2019).

Frente a ello, no se puede dejar de señalar que ante la medida mundial del cierre de las Escuelas, si bien resultó acertada en materia de salud, al ser la educación -repito- la respuesta acertada para evitar el trabajo infantil, considero que en tiempos de COVID-19, los Estados para poder reducir esos números, no deben descuidar las políticas educativas que luchen contra este problema, impartiendo una educación de calidad y una formación de calificación con recursos adecuados. Para ello, se debe identificar los grupos particularmente vulnerables de los niños y sus necesidades particulares, para adecuar el tipo de educación a los mismos: poblaciones rurales, comunidades de pueblos originarios, grupos institucionalizados o con carencias de recursos. 

Recuérdese que el trabajo infantil está estrechamente vinculado a la pobreza, y por ende a la deserción escolar, pues una familia pobre puede no tener los medios de pagar las cuotas escolares u otros gastos inherentes a la educación e incluso puede depender de la contribución que la niña o el niño trabajador puedan aportar al grupo familiar y atribuirle más importancia a ese ingreso que a su educación. Por otro lado, no se puede desconocer que en muchas sociedades aún persisten los estereotipos de género que conducen a que cuando una familia tiene que escoger entre enviar a su hijo o a su hija a la escuela, suele ser la niña o la adolescente la que sale afectada y debe quedarse a cumplir las tareas del hogar, perdiendo con ello mayores y mejores posibilidades de lograr un mejor nivel de vida. 

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo refirió: “La evidencia de crisis anteriores sugiere que cuando los sistemas de salud no cuentan con recursos suficientes y no existen mecanismos de protección social, es muy probable que las familias experimenten crisis de salud graves. Muchos trabajadores, especialmente los del sector informal, no tienen más remedio que seguir trabajando, lo que aumenta el riesgo de enfermarse. Los hogares pueden enfrentar costos catastróficos de salud exacerbados por la pérdida de un sostén familiar o un receptor de pensión. El trabajo infantil se convierte en una estrategia de supervivencia. Las niñas en particular pueden asumir un papel más importante en el cuidado de los miembros del hogar que se enferman[6](2020 p.18).

A más de ello, en muchos países, las escuelas a las cuales tienen acceso las familias pobres no disponen de los recursos suficientes y no están adaptadas a sus necesidades, tienen instalaciones limitadas, clases sobrepobladas y carencia de profesores correctamente formados, o bien con recursos limitados para poder enseñar conforme los programas educativos pertinentes; ya que la educación no puede ser bien remunerada en ninguno de los Estados en desarrollo. 

Asimismo, es sabido que muchas veces la pobreza, conjugada con la falta de contención familiar y oportunidades de desarrollo en diferentes ámbitos culturales y de salud ha llevado que los jóvenes menores de edad caigan en la delincuencia; por ello cabe recordar que las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General en su Resolución n° 45/112 proclamó la necesidad de que se adopten políticas progresistas de prevención de la delincuencia, debiendo incluir la creación de oportunidades educativas para atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especial.[7](1990)

Al respecto y en tiempos de COVID-19, de manera ilustrativa se ha informado que “el cierre temporal de escuelas afecta actualmente a más de 1.000 millones de alumnos en más de 130 países. Incluso cuando se reanuden las clases, es posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela”[8](2020). 

Por ello las Naciones Unidas -ya durante el año 2015- a través del análisis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)[9], entendieron que debían implementarse distintas medidas para garantizar la educación en la población infantil, por lo menos hasta el 2030, (y así lo plasmaron en diferentes artículos), entre ellas: ofrecer una enseñanza primaria gratuita, pública y obligatoria; eliminar los obstáculos a la educación de las niñas; asegurar que los niños tengan acceso a una escuela y a un entorno de aprendizaje seguro y de calidad; facilitar una educación de nivelación a los niños y jóvenes no escolarizados en la educación formal; abordar el problema del déficit mundial de profesores y asegurar un cuerpo docente adecuadamente formado y profesional; reforzar las leyes sobre trabajo infantil y educación, en conformidad con las normas internacionales; disminuir la pobreza y crear trabajo decente para los adultos; aumentar la sensibilización a la necesidad de eliminar el trabajo infantil.”[10]

Estas metas, podrían haberse alcanzado si se resolvían los factores que generan el trabajo infantil y que impiden que las familias envíen a sus hijos a la escuela; sin embargo, si bien se estaba logrando, hoy, con la pandemia estamos en retroceso, por todos los problemas que trajo consigo o por el agravamiento de aquellos que ya teníamos en nuestras sociedades. A nivel regional, específicamente en América Latina y el Caribe, como consecuencia de la pandemia, se dijo que el trabajo infantil podría aumentar entre 1 y 3 puntos porcentuales en la región. De acuerdo con el análisis, “esto implicaría que al menos entre 109.000 y 326.000 niños, niñas y adolescentes podrían ingresar al mercado de trabajo sumándose a los 10,5 millones que ya están en situación del trabajo infantil actualmente”[11].

Conclusión

Entiendo que hoy más que nunca -ante esta pandemia de COVID-19 y sus efectos en la economía y los mercados laborales-, que de alguna manera estaría incrementando el trabajo infantil -como lo señalaron los organismos internacionales referidos- se debe exigir a los tres poderes del Estado, velar por el interés superior del niño -obviamente y como incansablemente lo vengo repitiendo- cada uno dentro de los márgenes de sus competencias y funciones: el ejecutivo reforzando y efectivizando las políticas sociales, de salud y educativas, estimulando la economía y el empleo; el judicial velando por la justicia y la equidad, protegiendo a los trabajadores pero también siendo cautos y equitativos para proteger – en esta realidad pandémica que afecta a todos- aquellas fuentes de trabajo en riesgo; y el legislativo revisando cada una de las normas y proponiendo las modificaciones necesarias que no respondan al superior interés del niño; y que cada órgano -de cada Estado- brinde soluciones integrales, definitivas y efectivas.

Asimismo, se exige el diálogo social y la cooperación entre gobiernos, empleadores y organizaciones de trabajadores, para que juntos diseñen estrategias y políticas efectivas para mitigar las consecuencias socioeconómicas de la crisis, ayudar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas de ellas, para evitar el cierre y fundamentalmente proteger a los trabajadores y sus familias, especialmente los más vulnerables, como lo son las personas menores de edad, siempre respetando obviamente el marco normativo ya señalado, las recomendaciones de OIT, y de cualquier otra organización que vela para que a nivel mundial exista una progresividad en el reconocimiento y efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tales como las que integran la Plataforma de la Infancia, y que elaboraron un documento con medidas para la protección de la infancia.[12] (2020)

De esta forma, y tal como ya lo expuse en otros trabajos[13], entiendo que debemos tener presente que los niños/as y adolescentes son nuestro futuro, de ellos depende que nuestro país, nuestra latinoamérica crezca, por ende debe constituirse en prioritario para cada Estado (de forma individual y conjunta), lograr no sólo la salud sino también fortalecer la educación, durante y post pandemia (en sus diferentes tipos y niveles) puesto que ello implica además de luchar por la erradicación del trabajo infantil, una inversión en el mañana, es decir en las generaciones venideras para que tengan las herramientas necesarias para forjar un mejor futuro y lograr el bienestar general, la paz y la justicia social.