En una audiencia de doble jornada dada la magnitud de los hechos e imputaciones, el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, rebatió planteos defensivos y consolidó así la acusación penal por la cual ahora el ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Praod, irá a juicio oral y público, por el robo de caños del Gasoducto GNEA.
Con la defensa de Prado y Matías Rossi presentes en la sala y la de los otros nueve imputados por video conferencia, el fiscal Villalba repasó los aspectos más salientes de la acusación y la investigación y posterior acusación que el Ministerio Público Fiscal llevó adelante, con la actuación coordinada de los fiscales José Luis Bruno y Marcos Romero de las Sede Descentralizada de Orán y Tartagal, respectivamente.
Las actuaciones se iniciaron en febrero del año pasado a partir de diversas notas periodísticas. Luego, el 18 de mayo, se formalizó la acusación contra Prado, su ex secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y el empresario Diego Alos, presidente de la empresa mendocina OSYP SA, por los delitos de fraude a la administración pública y robo agravado.
Posteriormente, el 28 de julio, y como resultado de una investigación más profunda, se amplió la acusación hacia otros empresarios y trabajadores del rubro transportista que habrían participado de las maniobras; incluso la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Prado que fue concedida a fin de avanzar con una serie de allanamientos y tomar de testimoniales en Aguaray.
La tarea de la fiscalía, según lo expuesto por el fiscal, incluyó distintas medidas de prueba, como allanamientos, tanto en Salta como en la provincia de Buenos Aires y la contestación de diversos planteos defensivos.
“Se trata de un caso de enorme trascendencia, tanto local como nacional, en el que la fiscalía, casualmente, tomó en cuenta el trabajo de los distintos medios periodísticos, entre ellos diario El Tribuno y otros medios nacionales que siguieron de cerca el trabajo de la fiscalía”, expresó.
Te puede interesar
Lo más visto
