El Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, querellante en la causa que llevo a la destitución de la exdefensora Rosa Díaz, comentó por FM Pacífico que el jurado de enjuiciamiento dispuso la inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos, pero están en curso causas penales que podrían dar como resultado la privación de la libertad.
“Durante la investigación, se encontraron 403 casos, esas son 403 personas a quienes no se le atendió su demanda. Cuando se realizó un entrecruzamiento de datos con el Ministerio Público, quedaron 265” comentó el abogado. Además agregó que la imputación se realizó por 154 casos, esto no quiere decir que los restantes no se encontrasen en situaciones similares.
“La propia defensora reconoció disponer no hacerse cargo de los casos, ya que estos eran anteriores a su designación” continuó el magistrado que consideró que las acusaciones de mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionario y mala conducta se veían reflejadas en la venta de donaciones y el abandono de las funciones de la defensoría.
Cabe recordar que Rosa Díaz llegó a la justicia luego de haber sido expuesta por su propia hermana, quien la acusó de haber acopiado donaciones para comunidades originarias, luego se supo de sus incumplimientos dentro de la función pública.