Justicia Federal: Los ex titulares de PAMI, ANSES y un ex concejal cada vez más complicados
Justicia07/04/2022
Durante una audiencia multipropósito celebrada ayer ante la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, la fiscalía amplió la acusación penal en contra de la directora de la filial local del PAMI, Angélica Verónica Molina, y el asesor de la ANSeS Salta, Marcos Vera Ramírez, contra quienes ya se abrió una investigación penal por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
En este caso, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, sumó nuevos hechos a ambos funcionarios respecto al delito de peculado. En el caso de Vera, solicitó la acumulación de otra investigación seguida en su contra por el cobro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), formalizada el 22 de abril del año pasado.
Por otra parte, imputó por el mismo delito y en calidad de partícipe necesario a otros dos funcionarios del PAMI y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y Fernando Andrés Ruarte, quien era concejal capitalino al momento de los hechos.
Al fundar esta ampliación de la acusación, el fiscal recordó detalles del inicio de la investigación, formalizada el 22 de octubre pasado. Explicó que el caso surgió a partir de la información aportada por un testigo que pidió reserva de su identidad.
En su relato, dijo que Vera y Molina obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta a entregar el 20 por ciento de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política “La Cámpora”, tal como surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido por el cobro irregular del IFE a tres ex gerentes del PAMI.
También hizo referencia a una serie de evidencias ya colectadas, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado, maniobra que fue ratificada por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Toranzos fundó esta convicción en nuevas evidencias, como el informe técnico realizado al teléfono de Fabiana Juárez, una de las ex gerentes juzgada, quien sacó a luz en el juicio la exigencia del pago del 20 por ciento. Al cotejar los números, se precisó que los mensajes, en los que se pedía el pago de ese aporte, pertenecían a Vera y Molina.
También reveló que, en la cuenta bancaria de Vera se detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos, con la discriminación del caso, lo cual permitió confirmar no sólo los nuevos hechos, sino la participación de Gerónimo y Albornoz en la maniobra de peculado.
Además de los pagos mediante transferencia, la fiscalía indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de bolsín del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes.
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