Romero complicado: La causa de La Ciénaga se reactivará en la Justicia

Ahora y tras el revés defensivo de Romero, se espera que el juez José María Alvarado Solá, quien heredó la investigación de este caso de su colega, Antonio Pastrana, cite a indagatoria al actual Senador Nacional para que explique cómo compró las tierras de La Ciénaga para viviendas sociales, pero terminaron en su patrimonio personal.En esta causa hay trece imputados. Se trata de Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni y los otros imputados están acusados del delito de “peculado”.La operación
La operación gira en torno a la venta irregular de 90 hectáreas que fueron adquiridas por la provincia el 5 de junio de 1998. Así surge del decreto Nº 1297 firmado por Fernando Zamar como gobernador interino, y en el que se acepta como pago de tercero por la deuda que mantenía la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial, una fracción de terreno ubicada en finca La Ciénaga.

En ese decreto, en el artículo 5, se estableció que las tierras ingresaban al patrimonio de la provincia para ser destinadas al Programa de Familia Propietaria. La operación, avalada por el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

En 2004, con la cotización del dólar a $ 2.91, la propiedad alcanzó un valor de 3.201.000 pesos. No obstante, y según la acusación penal, Romero autorizó la entrega de las 90 hectáreas como pago por una suma de 460.000 pesos a José Luis Agustoni, mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004, interviniendo en la operación la ex escribana de Gobierno, Laura Inés Wayar.

A los meses, el 4 de junio, el terreno fue vendido por Agustoni a María Cecilia Pérez de la Fuente por la suma de 100 mil pesos, en carácter de compra en comisión para la sociedad Prados de Atocha S.A. La operatoria, según consta en escritura 107, fue autorizada por la escribana Wayar, pero esta vez lo hizo como particular.

El 19 de noviembre de 2009, las 90 hectáreas fueron transferidas a Estancia El Carmen S.A: por la suma de 100 mil pesos, operatoria que fue suscripta por el escribano Brizuela. Al indagar sobre esta nueva firma propietaria, se estableció que se trata de una empresa dirigida por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador, junto a Marcelo Romero y Rodrigo Marcuzzi, cuya sede es la misma que Horizontes S.A, editora del diario El Tribuno.

Una pieza claveAgustoni es considerado clave en la operación inmobiliaria investigada. La sospecha de la justicia es que se lo usó como testaferro para hacerse de dinero del Estado provincial e intermediario para que las tierras de La Ciénaga pasen luego a manos de Romero.

En su indagatoria, este acusado, de profesión analista de sistemas, dijo que el abogado Raymundo Sosa participó activamente en la transacción e incluso reconoció que los cheques que recibió de parte del Estado provincial vinculados a la compra y venta “los endosó y los cobró el doctor Sosa”.

Agregó que nunca fue a ver las 90 hectáreas de La Ciénaga, terreno que recibió como parte de pago del Estado provincial por otras 11 que poseía en la zona de San Lorenzo. Sin embargo, en otro tramo de su indagatoria, reconoció que sabía que ese terreno -por La Ciénaga- era pantanoso e inaccesible, no obstante, igualmente aceptó recibir esas tierras.

Asimismo, confesó que al vender las 90 hectáreas de La Ciénaga a la firma en formación Prados de Atocha S.A. aceptó por recomendación de la escribana María Cecilia Perez de la Fuente, también compradora de ese terreno, que dicha venta figure por el monto de 100 mil pesos, pero que en realidad recibió $ 500.000. De esta manera, Agustoni intentó explicar un aspecto demasiado oscuro en la operación inmobiliaria investigada.Asimismo, reconoció que la provincia le pagó un millón y medio de pesos en cheques, los cuales entregó al abogado Sosa. A cambio del medio millón restante, el imputado reconoció que recibió las 90 hectáreas de La Ciénaga, aunque confesó que nunca fue a ver esas tierras pese a saber que la zona era pantanosa.

Fuente: Nuevo Diario de Salta