Tras el terremoto en Turquía, estudian la vulnerabilidad sísmica en el microcentro de Salta

Luego de la catástrofe en Turquía y Siria con un terremoto de 7.8 grados Ritcher, desde COPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines), señalaron que la provincia de Salta, por sus características, está emplazada en una denominada Zona Sísmica 3, es decir el territorio es de una peligrosidad elevada en materia de estos fenómenos. 

Consultada respecto de las probabilidades de que un fenómeno sísmico grave suceda en Salta, la presidente del COPAIPA, Ing. Marianela Ibarra, señaló que con los avances de la ingeniería toda construcción está pensada para ser sismorresistente. “Desde el Consejo tenemos que asegurarnos el cumplimiento de las normas”, expresó.

En Salta el COPAIPA se encuentra acompañando a profesionales de la Universidad Nacional de Salta en un proyecto de investigación novedoso; se estudia la vulnerabilidad sísmica en 9 manzanas del microcentro de la ciudad, haciendo un relevamiento a fondo de las viviendas.

Se observa cuáles tienen cálculos, a cuáles habría que hacerles refuerzos, porque son construcciones desde los 75 a los 300 años de antigüedad. Después del estudio se da la recomendación de hacer el refuerzo. “Esperamos que este año tengamos los resultados de esta prueba piloto, es un comienzo y entendemos que se debe velar por la seguridad del habitante”, cierra la presidente.

¿Qué es la prevención sísmica?

Desde lo normativo, implica lograr que las estructuras autorizadas tengan la capacidad de soportar un sismo para preservar la vida humana, logrando primordialmente que la gente pueda evacuar un edificio sin riesgos. En un segundo plano queda la capacidad de “aguante” de una construcción o edificio, y rige la posibilidad de que si fue dañado durante un sismo sea reparado.

 “La gente tiene que tomar conciencia de que allí donde se va a construir duermen los hijos, los padres, la familia. Desde el Consejo invitamos a esta toma de conciencia, defendemos el cumplimiento de las normas, con capacitaciones necesarias, nos acercamos a las universidades y las entidades que así lo requieran, pero las responsabilidades son de los municipios, que se convierte en el órgano de contralor”.