La Unidad Carcelaria N°4, destinada exclusivamente al alojamiento de mujeres privadas de su libertad, volvió al ojo de la tormenta después de que un grupo de internas informara a integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Salta que sufren malas condiciones de detención y malos tratos. Además, luego informaron que las castigaron por hablar del tema.
Según publicó ElTribuno, durante una visita a la cárcel de los jueces de la Corte y jueces de Ejecución al penal de Villa Las Rosas, las presas aprovecharon para reclamar por la falta de higiene, la carencia de colchones, falta de atención médica y hasta el maltrato a una madre con su hija de tan solo un año de edad en brazos.
Todo esto sucedió este viernes 10 de marzo cuando la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, acompañada por la vicepresidenta segunda, Adriana Rodríguez, y de los jueces de Corte Pablo López Viñals y Gabriel Chibán recorrieron las unidades carcelarias 1 y 4 de la ciudad.
Se debe recordar que el artículo 153 de la Constitución Provincial le asigna a la Corte de Justicia el rol de supervisión del sistema carcelario, por lo que frecuentemente se realizan este tipo de visitas.
En la Unidad Carcelaria 4 los magistrados fueron recibidos por la directora, alcaide mayor Laura Liendro. Durante su recorrido los jueces dialogaron con las internas y visitaron los pabellones para interiorizarse sobre las condiciones de alojamiento. En ese momento fue que las presas plantearon las quejas.
Familiares de las presas denunciaron telefónicamente ante el Comité Provincial de Prevención de la Tortura que las internas estaban sufriendo castigos luego de la visita de los jueces de la Corte de Salta y los jueces de ejecución.
El lunes 13 de marzo, integrantes del Comité fueron hasta la cárcel, donde constataron que las presas se encontraban en ese momento en celdas de castigo. Visitaron el establecimiento Ramón Rosa Corregidor y la asesora legal del organismo, Tania Kiriaco.
Debido a esto, el Comité se entrevistó de manera confidencial con las internas. En ese espacio fue que dijeron haber sido objeto de represalias luego de la visita de la Corte. Según dijeron, fueron golpeadas con bastones y les arrojaron gas pimienta.
Desde el Comité se presentó una denuncia ante el fiscal de Derechos Humanos Gabriel González. Además, el organismo va a plantear la situación ante la Corte de Justicia de Salta y los jueces de ejecución.
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