En junio se conoció una denuncia que daba cuenta de una estafa dentro de la Caja de Abogados y Procuradores, que terminó con un empleado detenido por defraudación. Ahora la institución dio a conocer los resultados de la auditoría externa y la cantidad exacta de dinero robado.
La medida fue parte de una pericia investigativa de la que participó el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), y la oposición a la actual gestión de la institución para darle transparencia a la medida.
La institución informó que se auditaron los períodos comprendidos entre el 2012 al 2023, siendo el faltante certificado de $ 8.078.733,03. muy por debajo de los trascendidos expuesto al comienzo del caso.
InformateSalta pudo conocer que la medida fue llevada adelante por el estudio Contable Calderón, contratado por el órgano revisor de cuentas, y oposición a la actual gestión, con la intervención del CIF.
El caso
En junio pasado, la Caja de Abogados denunció por defraudación a un empleado de apellido López, quien se desempeñaba como cajero de la institución desde el año 2005. El empleado, al ser indagado por requerimiento notarial formulado al efecto, confesó ser el único responsable de los hechos que se le atribuyeron, situación que dio origen a la denuncia penal ante la Fiscalía de turno a cargo de Ramiro Ramos Osorio, quien ordenó la detención en las dependencias de la Alcaidía, aportando todas las pruebas, continuando hasta el día de la fecha López privado de su libertad bajo la modalidad domiciliaria
Del documento publicado en la web institucional, suscripto por el órgano revisor de cuentas, surge como dato trascendente que durante el período 2023 no se encontró faltante de dinero, hecho atribuido por la institución a la intensificación de los controles internos.
Además, "el informe de la auditoría determinó que el López utilizó un total de $ 2.858.745,60 a lo largo del período auditado para incurrir en la denominada “bicicleta financiera” por el plazo máximo de 30 días, encontrándose dicha cifra reintegrada a las cuentas de la institución".
De la auditoría surge que que el accionar delictivo arrancó en el año 2017, y que la actual gestión pudo determinar el accionar de López. También destacaron que la auditoría fuera llevada adelante por la oposición a la gestión para garantizar transparencia y que los fondos en moneda extranjera se encuentren a resguardo.
Finalmente, se informó para tranquilidad de los afiliados, que ni el patrimonio ni las reservas de la Caja de Seguridad para Abogados se vieron afectados de manera tal que impacten negativamente en el normal desenvolvimiento de la institución y que se procurarán los medios para recuperar la cifra denunciada.
Ante esta situación, el Consejo de Administración de la Caja de Abogados y Procuradores adoptó una serie de medidas para evitar hechos como este en el futuro, como la implementación de nuevos procedimientos para control de caja, con doble autorización por operaciones anuladas y con justificación por escrito del motivo. Además, se actualizará el sistema informático para que el control lo realice también el matriculado, se limitará la recepción de dinero en efectivo y se contratarán nuevos auditores externos.
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