En el arranque del debate en particular del megaproyecto de ley del Gobierno, el oficialismo tuvo un fuerte traspié en el debate sobre la delegación de facultades legislativas por un año, tal como reclama la Casa Rosada. En efecto, a instancias de los bloques dialoguistas -apoyados por el kirchnerismo- los libertarios y sus únicos aliados de Pro perdieron la posibilidad de manejar de manera discrecional los fondos fiduciarios como así también gozar de amplias atribuciones en materia energética y de seguridad.
En la votación del artículo primero, los libertarios se llevaron un primer trofeo: con 134 afirmativos y 121 en contra se declara la emergencia pública en seis materias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año, con posibilidad de ser prorrogado por otro más.
De esta manera, serán seis las emergencias a ser declaradas este año, la mitad de las que pretendía Javier Milei cuando envió la iniciativa al Congreso. Además, los bloques dialoguistas -Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- establecieron como que el Poder Ejecutivo deberá informar mensualmente en forma detallada al Congreso sobre la aplicación de las facultades delegadas.
Este artículo fue aprobado, además del oficialismo libertario, por el grueso de los bloques de oposición dialoguista. Votaron en contra, sin embargo, la bancada de Unión por la Patria, los bloques de izquierda, los seis diputados de la Coalición Cívica, algunos diputados de la UCR -Manuel Aguirre, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Juan Carlos Polini-, los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein; Margarita Stolbizer, la cordobesa Natalia De la Sota, y el chubutense Jorge Antonio Avila, estos últimos de Hacemos Coalición Federal.
El envión con que el oficialismo arrancó la votación en particular de los artículos se frenó en el artículo cuatro, clave para el Gobierno. Allí se establecen las bases de la delegación, es decir, qué facultades concretas se le concederá al Poder Ejecutivo a partir de las emergencias declaradas. Por caso, el texto le permitiría al Gobierno no solo reorganizar el sector público nacional; además, propone intervenir todos los entes, empresas y sociedades cualquiera sea su tipo jurídico, a excepción de las universidades.
En este punto, el radicalismo y el bloque Hacemos Coalición Federal marcaron diferencias. La UCR solicitó que se elimine la facultad que habilita al Poder Ejecutivo a disponer discrecionalmente sobre todos los fideicomisos o fondos fiduciarios (incluso eliminarlos); se trata de cajas millonarias que se administran por fuera del presupuesto. En cambio, el bloque Hacemos Coalición Federal, a instancias de los gobernadores, solo pidió salvar dos de este manejo , el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el Fondo Federal de Infraestructura Regional. El oficialismo, en la voz del libertario Gabriel Bornoroni -miembro informante de la sesión-, aceptó esta última propuesta.
La pulseada la ganó la UCR: con su voto en contra -la votación terminó con 142 votos negativos a 112 positivos- finalmente el oficialismo se quedó sin la facultad de manejar los fondos fiduciarios.
Los libertarios también se quedaron poder concederle facultades especiales al Gobierno en materia energética y de seguridad. Se trata de los incisos “i” y “j” del artículo cuarto. El oficialismo tuvo solo 123 votos positivos frente a 130 negativos.
Asimismo, la Cámara de Diputados rechazó la delegación de facultades para fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en las distintas materias:
- La investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado
- La producción y tráfico de estupefacientes
- La corrupción de niños, niñas y adolescentes
- Terrorismo
- Las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas
- Los delitos aduaneros
- Los secuestros extorsivos y La trata de personas.
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