La nueva versión de la Ley Ómnibus que hizo circular el gobierno de Javier Milei volvió a incluir un punto relacionado al mundo del trabajo, puntualmente que también estaba en el proyecto anterior.
Se trata de la Amnistía Laboral, un paquete de medidas que beneficiará a aquellos empresarios que regularicen la situación de sus empleados al promover una suerte de blanqueo laboral, presentado como “Promoción del Empleo Registrado”.
Por otro lado, el proyecto que impulsará Javier Milei habilita la “extinción de la acción penal” y “condonación de las infracciones, multas y sanciones” por irregularidades en la contratación de un empleado. Además, podría dar de baja el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), creado durante el kirchnerismo.
El plan
Las empresas tendrán 90 días para entrar al blanqueo una vez que se ponga en marcha el plan y para ello, los empleadores contarán con diversos beneficios. Entre ellos:
1) La extinción de la acción penal prevista por la Ley N° 27.430 y condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización comprendidas n las leyes vigentes
2) Baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), siempre y cuando regularicen a la totalidad de los trabajadores por los que se encuentra publicado en el REPSAL y pague, de corresponder, la multa.
3) Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Régimen Nacional del Seguro de Salud, Fondo Nacional de Empleo, Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Contribución con destino al Registro Nacional de la Industria de la Construcción, (vii) Otros regímenes laborales.
El proyecto de Milei tiene que ver con la eliminación de sanciones al trabajo en negro. La norma destaca que cuando la AFIP reglamente el blanqueo se determinarán los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse. Estos, en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas.
Por otro lado, se dispone que “los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la regularización”.
El PRO, con leyes propias
El bloque del macrismo quiere aprobar tres proyectos “espejo” de la reforma que tiene el DNU y que están paralizados por un fallo judicial. La CGT ya expresó su rechazo a estas iniciativas.
Con el “mega DNU” pendiendo de un hilo, luego del rechazo del Senado nacional, el gobierno de Javier Milei busca aliados para lograr el aval de la cámara de Diputados.
Pero mientras se afinas los números, hay nuevas estrategias para intentar mantener los cambios que el decreto quiere imponer. Una de las cuestiones que deberán buscar una alternativa es la reforma laboral, ya que más allá de la suerte del DNU, el capítulo está suspendido por la justicia.
En este punto, el PRO le tendió una mano al ejecutivo, y la semana que pasó presentó tres proyectos de ley que son un espejo de los cambios que pretende la gestión libertaria.
Esto genera alarma en la CGT, que ya rechazó este tipo de propuestas, y alertó que la idea de los cambios en la normativa que regula a los gremios busca “controlarlos” y no democratizarlos, como dicen.
Las iniciativas llevan la firma del presidente del bloque en Diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien afirmó que “modernizar las leyes laborales es fundamental si lo que se quiere es salir de la pobreza".
Ritondo consideró que es “urgente" un cambio en la legislación laboral "si queremos que dar empleo en Argentina no sea una condena para nuestras Pymes y empresas, sino la manera que estas tienen para generar más riqueza y desarrollo para nuestra Nación".
Al mismo tiempo, recordó que el empleo formal registrado no crece desde el año 2011, a pesar de la caída en las tasas de desempleo registradas en los últimos años. "Las medidas adoptadas hasta el momento no han podido revertir el problema de la informalidad”, explicó.
El primer proyecto propone una ampliación del período de prueba de tres a ocho meses. Además, contempla la posibilidad de que, en caso de que se extienda la relación laboral, el empleador tendrá una reducción de cargas sociales vinculadas al componente de seguridad social.
En cuanto a la segunda iniciativa, aseguran que tiene por objetivo "simplificar la registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido para su realización".
Al mismo tiempo, elimina las multas en caso de que el trabajador no se encuentre registrado y, en paralelo, habilita un mecanismo de denuncia electrónica ante casos de no registración. El objetivo final del proyecto reducir la informalidad laboral que golpea al sector trabajador en la Argentina, de la mano de una reducción del costo laboral para los empleadores.
Por último, desde el PRO aseguran que la tercera iniciativa "solicita establecer que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de las actividades de una sociedad".
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