Tres personas fueron imputadas por el delito de transporte de estupefacientes, en dos casos que ocurrieron en fechas distintas por el norte salteño y que tuvieron una modalidad similar, con las imputaciones penales a las que dio lugar el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, por el primero de los casos imputaron a Ramón Marcelo Lazarte y a su hijo de 17 años, cuya detención se produjo el 21 de marzo, alrededor de las 11.50, sobre la ruta 34, a la altura de la localidad de Aguaray, cuando personal de la Gendarmería Nacional de esa jurisdicción realizaba un control de rutina.
Durante el control, dijeron que habían salido de Campó Durán, pero luego se rectificaron y afirmaron que provenían de Salvador Mazza y que su destino era la ciudad de Tartagal. El estado de sospecha se incrementó cuando los gendarmes detectaron que el registro de combustible del tablero no se correspondía con el peso del tanque.
Con la intervención de un can, se marcó la probable existencia de droga en el tanque. El uso de un scanner móvil de la Gendarmería Nacional y de uno fijo en el puesto de la Dirección de Aduanas, en Salvador Mazza, lo ratificaron. Los uniformados extrajeron 44 paquetes equivalentes a 24 kilos de cocaína.
En el segundo caso, éste aconteció el 23 de marzo pasado, cerca de las 13.30, en un control de la misma fuerza de seguridad, del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” sobre la ruta 34. Allí los gendarmes detuvieron a Silvio Alejandro Soria, quien conducía una camioneta.
El conductor sostuvo que había salido de Salvador Mazza y que se dirigía al sur de la provincia. En la inspección física del rodado se advirtieron fallas en los bulones que sostenían el tanque de combustible y el can detector de narcóticos, marcó ese sector de manera positiva a la presencia de estupefacientes, lo cual quedó confirmado con las imágenes arrojadas por el escáner de la fuerza. En el interior habían 21 kilos de cocaína.
En las audiencias respectivas, el magistrado también convalidó el pedido de prisión preventiva requerido por la fiscalía.
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