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La sobrepoblación carcelaria era uno de los temas que tuvo en vilo al ámbito penitenciario y de seguridad, llegando a plantear el acondicionamiento de conteiner para albergar a prisioneros, lo cual propuso el entonces ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo.
Esto se debe a la cantidad de personas detenidas que superaban de manera exorbitante el cupo máximo de ocupación.
Rodrigo Solá, del Comité Provincial de Prevención de Tortura, explicó que Salta tiene un 40% de sobrepoblación, según números oficiales del Servicio Penitenciario, contando el penal Villa Las Rosas con un 309% de sobrepoblación real y en caso de la Alcaldía que tiene capacidad para 300 personas, en este momento alberga a 900 detenidos.
“El sistema tiene que funcionar mejor para protección de toda la población”.
En el caso del interior, Orán, Metán y Tartagal, no cuentan con comisarias que estén preparadas para alojar de forma permanente y a pesar de ello, algunas tienen personas hace 3 o 4 años.
En el caso particular de Tartagal, hay 72 personas en la comisaría, la cual no cuenta con las condiciones para tal número y en caso de estar preparada solo podría tener 4 personas, mezclando personas condenadas, procesadas, detenidas y demoradas: “encontrábamos chicos que estaban con actividad sospechosa y que convivían durante noches en una celda totalmente acinados con población que es condenada, algunos con condena de hasta 25 años”.
Consultado en CNN Radio Salta si la construcción de más cárceles es la solución, comentó que forman parte, pero no es la única, ya que se necesita el involucramiento de todos los poderes del Estado, desde el Poder Judicial hasta el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta las políticas a aplicar, la visión de los jueces, cuestiones de género y de extrema vulnerabilidad.
“No es una cuestión de donde dejamos a los presos, sino que políticas criminales vamos a tener”.
La cárcel de mujeres también fue un punto de análisis, ya que cuenta con un 80% de femeninas implicadas en el narcomenudeo, que están en condición de extrema vulnerabilidad, son madres y en algunos casos indígenas de zonas fronterizas, a quienes el peso de la ley les cae fuertemente.
“Es difícil descomprimir el sistema carcelario”, explicaba Solá, ya que no se cuenta con una salida que no sea solo la construcción de cárceles, las cuales se dificultan por los fondos necesarios para erigirlas.
Es fundamental plantear la posibilidad de aplicar otras formas de transitar los procesos judiciales como prisiones preventivas con tobilleras, pulseras, libertad condicional y no en prisión, para que las personas puedan tener progresividad y reinsertarse en la sociedad.
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