El juez federal Walter Lara Correa concedió este sábado una medida cautelar ante una presentación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y obligó al Ministerio de Capital Humano a continuar con los programas y planes alimentarios para "garantizar el derecho a la alimentación". El dirigente social Juan Grabois celebró la medida.
En la resolución, el magistrado le ordenó al Gobierno "no innovar respecto de los planes y programas" actualmente vigentes, "sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras".
El texto remarca que "los comedores funcionan como una red de contención" a la que "recurren personas de carne y hueso que integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos particularmente empobrecidos de la población" que "requiere sin demoras cuidados especiales".
La Justicia le advierte a la cartera que dirige Sandra Pettovello que debe cumplir de manera "cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna" con los programas alimentarios que ella misma señaló que están vigentes ante un pedido de informes del juzgado y le exige un informe mensual sobre las políticas implementadas.
La decisión constituye un nuevo capítulo del conflicto entre Capital Humano y los comedores. Desde su creación en diciembre, la cartera utilizó presuntas auditorías e investigaciones internas como excusa para cortar la ayuda alimentaria a comedores de las organizaciones sociales, en medio de acusaciones de corrupción y "curros".
Juan Grabois celebró la resolución de la Justicia: "Un freno al plan de miseria planificada"
Juan Grabois, fundador y referente de UTEP, celebró la resolución, a la que calificó de "freno de la Justicia al plan de miseria planificada".
"Es una nueva victoria jurídica que esperamos, esta vez, el Gobierno acate. Nuevamente, al ser una cautelar alimentaria su efecto no es suspensivo sino devolutivo. Durante el plazo de la apelación el cumplimiento tiene que hacerse efectivo, sino nuevamente incurrirían en un nuevo hecho de incumplimiento de deberes de funcionario y eventualmente desobediencia", explicó en su cuenta de X (ex-Twitter).
"La medida cautelar había sido reclamada también por la Defensoría Pública Oficial Federal, Florencia Plazas, que interviene en el proceso colectivo en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada, como consecuencia de las medidas adoptadas por el ministerio a cargo de Sandra Pettovello", agregó.
El exprecandidato a presidente recordó que "desde el mes de diciembre distintos espacios comunitarios dejaron de recibir alimentos para sus comedores. Por eso, en el mes de febrero iniciamos esta acción así como también denuncie penalmente a la ministra".
"La medida cautelar es un paso importante para que se cumplan las partidas presupuestarias ya asignadas para los programas de alimentación a través de los comedores y se ejecuten los fondos entregados por el Programa de Naciones Unidas. Mientras tanto, en el proceso judicial debe todavía dictarse una sentencia que exija al Estado de manera continua y permanente cumplir con las políticas alimentarias definidas por el Congreso Nacional en las leyes 25.724 y 27.642. Esta decisión judicial llega en un contexto en el que, según los propios datos oficiales, la pobreza aumenta y el empleo cae y se vuelve más precario", concluyó.
FUENTE: C5N
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