Pedían "delivery" y luego asaltaban a punta de pistola a los cadetes en R° de la Frontera

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó a tres personas, dos hombres y una mujer,  por la supuesta comisión del delito de robo calificado por el uso de armas, en perjuicio de dos  repartidores.

Los hechos ocurrieron en distintos episodios, ambos con un modus operandi similar. Los imputados solicitaban comida a través de la aplicación WhatsApp y, al momento de la entrega, intimidaban a las víctimas con armas de fuego para robarles el dinero y pertenencias.

El primer hecho se registró el 27 de junio de 2024, a la 01:30, cuando un repartidor de un local de comidas, fue interceptado en la intersección de las calles Avellaneda y Alvarado por dos hombres armados. Tras realizar un pedido a través de WhatsApp, amenazaron a la víctima y lo despojaron de la mercadería. 

El segundo incidente tuvo lugar el 21 de julio de 2024, a las 22:30 h, cuando un repartidor de la sandwichería «Papiruchi», fue abordado en la calle Manuel Puch al 800 por dos hombres armados. Le sustrajeron un total de $55.700, huyendo inmediatamente del lugar tras cometer el delito.

A partir de las denuncias presentadas, la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera, en colaboración con la Base Operativa local, avanzó con las investigaciones. A través del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas y el rastreo de las líneas telefónicas empleadas, se logró identificar a una mujer como la persona que realizaba los pedidos. Los otros dos imputados, fueron identificados como los presuntos autores materiales de los robos.

Tras recabar suficiente evidencia, se llevaron a cabo allanamientos en varios domicilios de Rosario de la Frontera,  en el Pasaje Pastor Padilla, en el Barrio El Niño y en el Barrio Ramón Abdala, donde se secuestraron teléfonos celulares, chips y prendas de vestir que coincidían con las descripciones brindadas por las víctimas.

Los imputados, quienes tienen parentesco entre sí, fueron asistidos, uno de ellos por un abogado particular y los otros dos por un defensor oficial, y se negaron a prestar declaración.