En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal general Eduardo Villalba por el saqueo de rieles, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar el viernes pasado a la imputación penal requerida contra José Miguel Gerala, hijo del intendente de Rivadavia Banda Norte, y David Edilberto Medina, de profesión comerciante, por el delito de contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en grado de coautores.
Ambos fueron detenidos el jueves pasado en el marco de un operativo dirigido a desarticular el robo de rieles en la zona, para lo cual se concretaron nueve allanamientos.
En el caso de Gerala, el delito concurre con el de robo agravado por ser cometido en despoblado, según lo requerido por la fiscalía en la audiencia de formalización de la investigación penal.
Junto a la auxiliar fiscal Roxana Gual, el fiscal general de distrito presentó el caso ante el juez, a quien también le solicitó con éxito la prisión preventiva de ambos acusados, como así también la autorización para avanzar con las pericias a los teléfonos celulares secuestrados a los imputados.
Las pruebas que comprometen a Gerala
El rol de Gerala en la empresa delictiva quedó acreditado para la fiscalía, no sólo por el resultado de las intervenciones telefónicas, sino también por otras medidas probatorias, como el registro fotográfico y fílmico de la maniobra, en especial del momento en que pasan la mercadería por la frontera hacia Bolivia.
Entre otras pruebas, se pudo establecer los movimientos del hijo del intendente en la zona, el vehículo que utilizaba, las herramientas de corte que disponía para el saqueo de los rieles, como así también se determinó que, para la tarea manual, el acusado se valía de los integrantes de comunidades aborígenes de la zona, donde su padre tiene mucha ascendencia, dado que, con el lapso de 2015 a 2019, lleva como intendente más 20 años.
Al respecto, el fiscal general dejó en claro que, si bien Medina aparece como la cabeza principal de esta organización delictiva, dicha posición aún no está del todo definida, pues en la teoría del caso, el intendente Gerala también sería uno de los principales responsables de “este avasallamiento” contra bienes que pertenecen al “patrimonio nacional”.
Existen otras personas que van a ser imputadas
Villalba aclaró que el MPF “está frente a una organización integrada por muchas más personas” y que la causa sigue “en investigación, ya que existen otras personas que van a ser imputadas”.
“Para la comisión de este delito no solo es necesario un brazo ejecutor, sino también la connivencia de Gendarmería Nacional, de fincas aledañas, incluido el actual intendente Gerala”, insistió.
“Estamos frente a una investigación de carácter complejo, con la dificultad de que estamos ante una estructura organizada de poder que facilita la maniobra delictiva”, actividad que afectó seriamente el Ramal C-25 en esa región y les dejó a los autores “cuantiosas ganancias”.
Remarcó, además, que la maniobra cobra mayor gravedad en función de la orden expresa del Poder Ejecutivo Nacional al disponer la prohibición de exportación de material ferroso, a través del decreto 70/23, sin embargo, los acusados incurrieron en esta actividad por ríos y fincas de la frontera, las que colindan con territorio boliviano.
Prisión preventiva
Al momento de avanzar sobre las medidas de coerción, la fiscalía solicitó que se dicte la prisión preventiva de ambos detenidos. Fundó el pedido en función de los riesgos de fuga y, sobre todo, de entorpecimiento de la investigación, pues, como mencionó, existen más implicados en la empresa ilícita.
Resaltó la gravedad del hecho, en gran despliegue delictivo y la escala penal de los delitos, siendo en el caso de contrabando, de 2 a 8 años de prisión y en el del robo, de 5 a 15, con lo cual, la posibilidad de aspirar a una pena de ejecución condicional es inaccesible. Por último, resaltó el grave perjuicio causado por el accionar delictivo.
A su turno, los acusados se abstuvieron de prestar declaraciones, mientras que sus defensas apelaron a morigerar la prisión preventiva con otras medidas, como el arresto domiciliario, para lo cual, en el caso de Gerala, se aludieron dolencias físicas, no obstante, los argumentos no tuvieron éxito.
En su resolución, el juez Montoya compartió la posición de la fiscalía y accedió a la imputación propuesta y también dictó la prisión preventiva requerida por el término de 60 días. Entre sus argumentos, reconoció la gravedad del hecho y consideró la ascendencia del intendente como “campo fértil” para alcanzar la impunidad.
Valoró el interés de la empresa estatal en recuperar los rieles, posición muy distinta a lo sucedido con los caños, donde llamó la atención del desinterés del Estado Nacional, para finalmente calificar de vergonzosa la connivencia de las fuerzas de seguridad.
Te puede interesar
Lo más visto
