Mientras la política especula si es mejor unificar las elecciones provinciales con la nacional o si hay que eliminar, suspender o mantener las PASO, la única certeza que hay en el escenario es poco debatida y en algunos casos ignorada por los partidos políticos, pese a que tendrá un efecto profundo y de consecuencias por ahora inciertas.
La Boleta Única de Papel (BUP) fue sancionada por el Congreso, el gobierno de Javier Milei reglamentó la ley y tendrá su estreno nacional en los comicios de octubre, cuando se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales.
Se trata de una novedad de primer orden porque supone el final de un sistema que imperó durante los últimos 40 años de democracia y que fue el lenguaje con el que la política se comunicó con la voluntad popular, los electores o el pueblo. La boleta partidaria fue instrumento de votación, pero también herramienta de militancia.
“A favor del Gobierno hay que decir que permitió el paso de la Boleta Única de Papel en el Congreso, aunque rompiera con el ‘efecto arrastre’, que hubiera beneficiado en este caso al oficialismo. Pesó mucho más que vean a Javier Milei como reformista del viejo sistema, que lo vean como novedad antes de priorizar un cálculo estrictamente electoral estratégico”, explicó a Infobae el analista Mario Riorda.
Para Zamarreño, del CIPPEC, una de las organizaciones de la sociedad civil que más se comprometió con esa reforma, “el costo de la democracia no puede ser una de las variables de análisis; la BUP se convierte en un instrumento público y se nivela la oferta electoral, porque se garantiza que todos estén en igualdad de condiciones; todos los países que que adoptaron la boleta única, ninguna volvió atrás.
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