Estafas confirmadas: Se conocieron los fundamentos de la condena contra Cositorto en Salta

Siguen las novedades en torno a la sentencia contra Leonardo Nelson Cositorto, líder de Generación ZOE, y cuatro coimputados, quienes fueron declarados responsables de 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, engañando a sus víctimas con promesas de rentabilidades extraordinarias en dólares, en un esquema Ponzi.

Ahora, se dieron a conocer los fallos de la sentencia, donde los jueces Martín Fernando Pérez, Javier Francisco Araníbar y Leonardo Gabriel Feans dieron por probado que Generación ZOE, bajo la fachada de coaching ontológico, educación financiera y criptomonedas, sedujo a numerosas víctimas con la promesa de ganancias mensuales de hasta un 10%.

Según la información que compartió El Tribuno, en los considerandos se indican que los inversores, atraídos por la falsa ilusión de éxito económico, entregaban su dinero sin respaldo real, operando a través de contratos informales y plataformas virtuales como ZOE Cash y Sunrise Coach, que simulaban movimientos financieros inexistentes.

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Mientras, la organización funcionaba como una estafa piramidal, donde los aportes de nuevos inversores se utilizaban para pagar a los primeros, en lugar de generar ganancias a partir de actividades legítimas. Para dar un velo de legalidad, ZOE operaba con oficinas físicas, publicidad masiva en redes, conferencias y una supuesta billetera digital respaldada por criptomonedas que, en realidad, nunca estuvo registrada ni autorizada por la Comisión Nacional de Valores.

En Salta, Generación ZOE inauguró su sede local en mayo de 2021, mudándose en tres ocasiones antes de su cierre en febrero de 2022. La gestión de las operaciones estuvo a cargo de Ricardo Gabriel Vilardel, su hermano Jorge Federico, Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz, pareja de Ricardo. Todos ellos fueron considerados coautores de los delitos, al recibir el dinero directamente, ingresarlo a sus cuentas personales y operar de forma coordinada para captar y manipular a los damnificados.

Mientras tanto Cositorto, identificado como el jefe y organizador de la asociación ilícita, intentó deslindar responsabilidades, alegando ser víctima de una persecución mediática y judicial. Defendió la legalidad de sus operaciones y sostuvo que el dinero se reinvertía en minería de oro, litio, criptomonedas y bienes inmuebles

En vista de estas cuestiones, Cositorto recibió 11 años de prisión efectiva por estafa y asociación ilícita en su rol de líder. Ricardo Gabriel Vilardel fue condenado a 7 años, su hermano Jorge Federico a 5 años, mientras que Ana Lucía Vilardel y Vilma Griselda Albornoz recibieron 3 años de ejecución condicional, por estafa y asociación ilícita en su carácter de miembros.

Para el tribunal, su accionar y el de su equipo fue concluyente: se valieron de "formas societarias legales y conceptos financieros modernos para construir una estafa sostenida en el tiempo".