Dos jueces demoran el desalojo de Romero del hangar provincial

A principios de mayo pasado, el fiscal penal, Rodrigo González Miralpeix, solicitó formalmente a la vocalía 2 de la Sala II del Tribunal del Juicio el desalojo de las aeronaves de Romero del hangar que ocupa de manera ilegal desde diciembre del año 2007, según el pedido de juicio contra el ex gobernador.

El desalojo o decomiso del hangar que usufructúa Romero fue requerido en el marco de la causa penal abierta contra el ex gobernador por los delitos de fraude y negociaciones incompatibles con la función pública, acusación que ya se encuentra en la etapa preparatoria para ser llevada a juicio.

La medida que no debería generar mucha discusión e incluso muchos abogados la considerada sin controversias, parece destinada al sueño de los justos. En su pedido, la fiscalía recordó que el desalojo debe ser ordenado no sólo porque Romero se adueñó de un bien de manera ilegal, sino porque la ley procesal vigente así lo exige.

González Miralpeix giró su pedido de desalojo al juez, Ignacio Colombo, quien al momento de la presentación cumplía una suplencia de la vocalía 2 de la Sala II del Tribunal de Juicio, donde está radicada la causa, cargo que ocupó hasta el año pasado el ex juez, Carlos Pucheta, ya jubilado.

Al recibir el pedido de desalojo, Colombo sólo le dio trámite de recibido al planteo, sin disponer otra diligencia al respecto. Más tarde, al concluir su suplencia en esa vocalía, el pedido de desalojo recayó en manos del juez, Diego Rodríguez Pipino, quien hasta el momento tampoco hizo nada.

La inercia de estos dos jueces llamó la atención en la ciudad judicial, pues la causa penal en cuestión cuenta ya con un pedido de juicio confirmado por el juez de Garantías 5, Héctor Martínez. Esto, sin embargo, parece no haber influido en sus colegas, quienes con su inacción dejaron expuesta su disconformidad con que Romero sea llevado a juicio por los delitos imputados.

Otros, en tanto, señalaron que la inacción de los magistrados al respecto podría deberse a cierto temor que existe todavía en ciertos sectores del Poder Judicial al ex gobernador, quien tendría en otro juez de esa misma sala como su hombre de confianza para que el pedido de la fiscalía no prospere.

Al margen de las razones que se barajan, la norma procesal vigente, el artículo 230 del Código Procesal Penal, establece el deber del juez penal de hacer cesar el delito, tarea que hasta el momento no sólo fue desoída sino parecer ser apañada por los jueces Colombo y Rodríguez Pipino.

Una maniobra ilegal

En agosto del año 2007, a partir de un pedido formalizado por una de sus empresas, Finca La Represa S.A., la cual estaba, en ese momento, presidida por su hijo, Juan Esteban Romero, el ex gobernador inició una maniobra que días antes de abandonar el poder, le permitió quedarse con el hangar.

Romero autorizó la adjudicación por veinte años de un hangar de Aviación Civil de la Provincia a la empresa Finca La Represa SA, con lo cual dejó al estado provincial sin la posibilidad de contar con un ingreso de alrededor de 250 mil pesos por la explotación de ese predio.

Para poder concretar esta maniobra, Romero contó con la complicidad de su hijo, Juan Esteban, y los ex funcionarios, Ricardo Funes y Raúl Romero Medina, quienes se desempeñaban como director de Aviación Civil y Secretario General de la Gobernación, respectivamente.

Al investigar el caso, el ex fiscal de Delitos Económicos Complejos, Guillermo Akemeier, pudo comprobar que la empresa adjudicataria era controlada por Avión Sur S.A., una sociedad que tiene como socio mayoritario nada menos que al ex gobernador, con lo que quedó probada la maniobra ilegal desplegada para perjudicar al Estado.

El 29 de abril 2013, Akemeier elevó la causa a juicio. La realización del debate se encuentra actualmente en manos de la Sala II del Tribunal de Juicio, aunque hasta el momento no se han realizados los trámites previos para fijar fecha de juicio.

Fuente: Nuevo Diario de Salta