Exigen que todas las petroleras asuman la responsabilidad por los daños ambientales en Puesto Guardían

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, emitió un dictamen clave en el marco de la causa por presuntos daños ambientales en el área hidrocarburífera Puesto Guardián – Loma de Olmedo X-10, ubicada en Pichanal, departamento Orán.

La acción de reparación fue impulsada por la Provincia y actualmente tramita en la Corte de Justicia.

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El funcionario sostuvo que todas las empresas que actuaron como concesionarias deben responder de manera solidaria por los pasivos ambientales detectados, en línea con la Ley General del Ambiente N° 25.675 y el Código Civil y Comercial, que establecen la responsabilidad objetiva en este tipo de situaciones.

La causa se inició con el pedido de contención, mitigación y saneamiento de la zona afectada. En este contexto, el 5 de junio el Tribunal dictó una medida cautelar que impuso a President Petroleum S.A. reforzar la seguridad del área, impedir el acceso de personas y animales, instalar cartelería y contener los fluidos emanados del pozo.

La empresa apeló la decisión alegando que no debía responder por daños ocasionados por terceros antes de su concesión y cuestionando que las obligaciones se le impusieran de forma exclusiva. Ante esto, García Castiella recordó que la ley prevé que, cuando el daño no puede atribuirse a un único actor, todos los responsables deben responder solidariamente.

El Procurador también subrayó que, mediante el Decreto Provincial N° 2174/2015, se estableció que las cesiones de concesiones incluyen la totalidad de derechos, obligaciones y pasivos, entre ellos los ambientales. Además, destacó que President Petroleum ya había presentado un plan de abandono del pozo, lo que confirma su conocimiento de la situación.

Finalmente, el dictamen concluye que la medida cautelar debe ampliarse a todas las empresas demandadas, que podrán ser emplazadas a cubrir proporcionalmente los costos de las acciones necesarias. Así, se reafirma el principio de que las concesionarias tienen la obligación integral de responder frente al Estado y la sociedad por los daños al ambiente.