Desde hace años, diputados y senadores de las más diversas identidades políticas proponen legalizar la eutanasia, con proyectos que apuntan a remover todas las barreras jurídicas para las personas que quieren terminar con su vida, ante un cuadro de salud grave o incapacitante. En las últimas horas, Uruguay aprobó un nuevo marco normativo mientras que en en Argentina la idea se encuentra paralizada.
El país fue uno de los pioneros en 2012 en la sanción de la Ley de Muerte Digna en 2012, que reconoce la posibilidad de rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento cuando la enfermedad es incurable o terminal.
Entre la Cámara de Diputados y el Senado, se presentaron en los últimos dos años 5 proyectos orientados a habilitar la eutanasia. Todos tienen estado parlamentario.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR), hoy aliado de Javier Milei, viene presentando una propuesta desde el 202, año en el que volvió a ingresarla al Congreso en conjunto con la senadora Juri. El documento busca a regulación de la eutanasia activa bajo el principio de respeto a la autonomía, dignidad y libertad de las personas que padecen enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes a partir de los 16 años.
Las características salientes de ese proyecto de 20 artículos apunta a garantizar la recepción de ayuda para morir a las personas en esas condiciones, estableciendo requisitos estrictos de capacidad, consentimiento y procedimiento, y derechos como el acceso a información, trato digno, confidencialidad, y como la cobertura total de la prestación en el sistema de salud público y privado.
Además, crea una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada provincia, con funciones de control, evaluación y resolución de solicitudes; y reconoce la objeción de conciencia individual de los profesionales de la salud, obligando a la derivación oportuna del paciente y estableciendo sanciones por incumplimiento. Además modifica el Código Civil y Comercial para permitir directivas médicas anticipadas que incluyan la eutanasia considerando la muerte que resulte como natural.
Miguel Ángel Picheto también presentó un proyecto en junio del 2024. El documento de 24 páginas y 27 artículos despenaliza la eutanasia activa y el suicidio asistido, en la que se comparte varios postulados del proyecto de Cornejo.
Una diferencia con el proyecto del mendocino es que este pide contar con nacionalidad argentina o una residencia no inferior a los dos años para recibir asistencia. También se agrega la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa para quienes actúen conforme a la ley.
Desde el kirchnerismo un conjunto de 14 diputados del bloque de Unión por la Patria introdujeron el proyecto de ley de “muerte voluntaria médicamente asistida”, que modifica también los códigos civil y comercial y penal. Encabezados por Carolina Gaillard y Gabriela Estévez, que tienen otro proyecto firmado, la propuesta es similar a las anteriores, aunque indica como requisito ser mayor de 18 años y establece un enfoque de derechos humanos, autonomía y dignidad, integrando la perspectiva de “cuidados paliativos” y experiencias internacionales. Asegura también la cobertura integral y gratuita de la prestación en todo el sistema de salud.
Otras diferencias son las características del procedimiento, que exige solicitud libre e informada, evaluación interdisciplinaria, consentimiento reiterado y revisiones por un médico consultor y comisiones especializadas, garantizando la ausencia de conflictos de interés.
Por último, en abril del 2023, con la autoría de Jimena Latorre (UCR), otro grupo de 15 legisladores radicales y del PRO presentaron otra iniciativa de “regulación de la eutanasia” o “buena muerte”. Entre los coautores, figura Laura Rodríguez Machado, del PRO, que ocupa la presidencia de la estratégica comisión de Legislación Penal.
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