Alerta por estafa piramidal en Salta: Así operaba el esquema que habría captado a más de 100 penitenciarios

Promesas de ganancias altas y rápidas en círculos de confianza cerrados, pagos iniciales para generar engaño y un colapso inevitable: este es el clásico modus operandi de los esquemas Ponzi, que en Salta dejó más de 100 agentes penitenciarios estafados y derivó en siete allanamientos.

Según la investigación, el esquema habría sido organizado por un cabo primero del Servicio Penitenciario, que se desempeñaba en áreas administrativas, y se presentaba como un “sistema de inversiones” confidencial que funcionaba desde la pandemia. 

La propuesta prometía intereses mensuales del 10% al 15%, sin monto mínimo de ingreso y con supuesta posibilidad de retirar el capital en cualquier momento.

El modus operandi

En una primera etapa, los inversores recibían pagos parciales de intereses e incluso devoluciones de capital, lo que generaba confianza y motivaba a reinvertir y sumar a otros compañeros. Con el tiempo, comenzaron las demoras, los pedidos de prórroga, las transferencias a cuentas de terceros y, finalmente, el corte total de comunicación.

Las operaciones se realizaban mayormente a través de billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X. El análisis de UDEC detectó 409 transacciones concentradas en solo tres cuentas, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas. Además, se identificó el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, maniobra que, según los investigadores, habría buscado simular inversiones reales y dar apariencia de legalidad al dinero captado.

Una red interna y tres niveles de participación

La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio sostiene que la maniobra no habría sido individual. La hipótesis apunta a una estructura de tres niveles:

• El organizador, con acceso a áreas administrativas del Servicio Penitenciario.
• Un grupo reducido de funcionarios, que habrían actuado como captadores y canalizadores de fondos, aprovechando la confianza laboral.
• Una base de más de 100 aportantes, integrada principalmente por efectivos penitenciarios.

En ese contexto, se investiga el rol de una funcionaria penitenciaria cuyo perfil económico sería incompatible con transferencias por más de $118 millones, lo que hace presumir que habría funcionado como canalizadora de dinero de otros damnificados. Un patrón similar se detectó en otros agentes que enviaban sumas importantes y luego recibían retornos periódicos, presentados como “intereses”.

Advertencia a la sociedad

Desde la investigación remarcan que este tipo de esquemas se sostiene en promesas de ganancias rápidas y elevadas, pagos iniciales que generan confianza y la captación a través de vínculos cercanos.

La causa funciona como alerta para la ciudadanía: no existen inversiones seguras con rendimientos fijos tan altos, y la confidencialidad o el “círculo cerrado” suelen ser señales de alarma de una estafa piramidal.