En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Rozana Gual, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación penal y la extensión del plazo de investigación hasta el próximo 26 de mayo en el caso que investiga una red de trata sexual que se encargaba de captar alumnas de colegios secundarios tanto privados como públicos.
Cabe destacar que la formalización de la investigación se dio el 11 de septiembre pasado cuando se detuvo a cuatro personas que fueron imputadas como coautoras de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual agravada por la vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, el número de intervinientes y por haberse consumado la explotación.
La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menor a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados.
"Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban"
Luego de esto se sumaron otros cinco implicados, a quienes se les imputó su participación en la red de trata sexual. Tras las detenciones que se concretaron entre septiembre y noviembre y ante el avance de la investigación, el número de víctimas pasó de 3 a 33 y no se descarta la posibilidad de que existan más adolescentes afectadas.
La responsable del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, llevó adelante una tarea de contención que permitió a las chicas revelar detalles de cómo funcionaba la red de trata y también detectar a otras adolescentes captadas.
La evidencia, sostiene el fiscal, coinciden con datos que fueron relevados por las víctimas tanto respecto a la identificación de cada uno de los implicados, como los lugares en que se consumaba la explotación sexual, tales como hoteles alojamientos ubicados sobre la ruta 26, o bien, en las viviendas de algunos de los acusados.
Aún resta analizar una gran cantidad de pruebas que podrían dejar a la luz otros delitos o identificar a otras personas implicadas, es por esto que se solicitó la ampliación del plazo de investigación.
"Las pedía, los sábados para después de jugar al fútbol"
El otro fundamento expuesto estuvo vinculado a las entrevistas en Cámara Gesell que aún están en proceso, un elemento que fue considerado vital dado que se trata de relato de las víctimas. Según comentó, algunas de ellas hasta expresaron sentirse atemorizadas. En tal sentido, el fiscal general develó que, en determinados casos, se pudo establecer que algunos de los acusados, antes de ser detenidos, amenazaron a las menores para que no sean delatados, situación que llevó a tomar medidas de protección hacia las víctimas.
La primera denuncia del caso llegó el 26 de junio del año pasado, cuando la madre de una de las víctimas se sorprendió por que su hija tenía un celular de alta gama. Al revisar el dispositivo encontró mensajes de índole sexual, enviados por un remisero que se encuentra imputado, en los que hacía alusión a su otra hija de 12 años.
La denuncia de la mujer posibilitó que se habríera una causa penal en la justicia provincial, aunque tras analizar el contenido la investigación pasó al ámbito de la Fiscalía de Distrito del MPF a mediados de este año, tras una audiencia en la que se declaró la competencia federal.
La fiscalía describió cómo se había originado la red de trata sexual y cuál era su objetivo principal. "A tal punto era la perversidad de los acusados que descartaban a las adolescentes que avanzaban en edad. Cuando ya cumplía los 18 años, las desechaban”, se puntualizó.
Si bien el fiscal general identificó al remisero como el fundador de esta red, quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no fue el único que tenía a su cargo la captación, sino que todos tuvieron parte en ello, ya que es común denominador en las víctimas el indicativo de que los acusados “les pedían que consigan más amigas”.
Aunque la fiscalía delimitó el accionar de esta red desde 2024, en el caso ya surgieron evidencias de hechos que datan de un año antes. Por otro lado, se dejó en claro que las víctimas pertenecen a distintos colegios, tanto públicos como privados y que provienen de distintas clases sociales.
El fiscal relató que los acusados hacían pedidos sobre los aspectos físicos que supuestamente debían cumplir las adolescentes. En ese sentido, repasó los mensajes donde uno de ellos solicitaba a las víctimas para "llevarlas a una despedida de solteros" mientras que otro "las pedía, los sábados para después de jugar al fútbol". Además, puntualizó en que varios exigían cierto vestuario y prácticas sexuales determinadas, además de forzarlas a ingerir "un cóctel de drogas".
“Se acreditó la existencia de un número importante de víctimas niñas, las que quedaron presas de una red que, con distintos fines, le permitía a los imputados explotarlas sexualmente”, según el fiscal. Dicha hipótesis fue respaldada por las querellas, la que también resaltaron las evidencias que comprometen a los imputados, como así también se refirieron a la jurisprudencia y tratados internacionales adquiridos por el Estado Argentino, en cuanto a proteger a las menores y combatir el delito de trata de personas.
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