Reforma laboral: crece la preocupación por el apuro del gobierno en sancionar el proyecto

En vísperas del inicio del tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de Reforma Laboral, una preocupación que trasciende sectores, ideologías e incluso posiciones respecto de la iniciativa impulsada por el Gobierno, es el apuro del Poder Ejecutivo por tratar el texto en sesiones extraordinarias, una decisión que genera inquietud en distintos sectores vinculados al mundo del trabajo y la producción.

Por ejemplo, diversos representantes de las pequeñas y medianas empresas ya expresaron su preocupación ante la celeridad con la que el Gobierno Nacional pretende avanzar con la reforma. Durante el acotado debate que tuvo lugar en diciembre en el Senado de la Nación, distintos actores del sector advirtieron que intentar sancionar una modificación de esta magnitud durante el período de sesiones extraordinarias debilita la solidez jurídica de una norma clave para el futuro del empleo en nuestro país.

 “No existe una urgencia que amerite el tratamiento en sesiones extraordinarias”

Desde el sector PyME señalan que una reforma tratada de manera apresurada incrementa el riesgo de litigiosidad y profundiza la incertidumbre para el entramado empresario argentino. En ese sentido, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, sostuvo que, si bien los convenios colectivos pueden y deben ser revisados, “no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”. Además, advirtió que desarmar el entramado actual sin una instancia de transición “generaría más caos que soluciones en este momento”.

A estas advertencias se sumaron organizaciones del ámbito jurídico laboral, que también reclamaron que el debate se traslade al período de sesiones ordinarias. Desde la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), entidad que agrupa a 17 organizaciones representativas de la abogacía laboralista en América Latina, señalaron que “no existe una urgencia que amerite el tratamiento en sesiones extraordinarias” y remarcaron que, por el contrario, la importancia del tema “supone tiempos más dilatados, que sólo podrían atenderse en las sesiones ordinarias”.

En la misma línea se expresó la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT), que solicitó directamente “el retiro del proyecto y el tratamiento en sesiones ordinarias de uno nuevo que recepte los principios constitucionales”, al tiempo que puso a disposición su experiencia y conocimientos internacionales para contribuir a un debate más sólido y equilibrado. En ese sentido , la Asociación Argentina de Juristas, expresó su rechazo integral al proyecto de reforma , remarcando que el proyecto “ merece el debido tratamiento y consenso, extremos que no se observan en el procedimiento de extraordinarias en ciernes”

"El proyecto corre el riesgo de repetir lo ocurrido con la Ley Bases, cuando la norma quedó expuesta a amparos judiciales y a un escenario de mayor inseguridad jurídica y falta de previsibilidad para los actores involucrados"

Posturas similares surgieron en el ámbito parlamentario. Germán Martínez, Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe, sostuvo que “no hay ningún motivo para que la reforma laboral se trate en sesiones extraordinarias sin instancias de trabajo conjunto” y profundizó: “la legislación laboral exige una construcción tripartita entre empresarios, trabajadores y el Estado”. Por su parte, el Gobernador de Córdoba Martín Llaryora enfatizó la necesidad de llevar adelante un debate fructífero y hacia delante. Un pedido que llegó de la mano de varias fuerzas políticas que coinciden en la necesidad de debatir este tipo de iniciativas.

Estas advertencias refuerzan una preocupación central que deberá atender el Gobierno: avanzar en una reforma de este impacto requiere un debate amplio, quizás más apropiado para el marco de las sesiones ordinarias, que permita construir consensos y fortalecer la capacidad de la ley para responder a los desafíos que surjan al momento de su implementación. De lo contrario, el proyecto corre el riesgo de repetir lo ocurrido con la Ley Bases, cuando la norma quedó expuesta a amparos judiciales y a un escenario de mayor inseguridad jurídica y falta de previsibilidad para los actores involucrados.