Denuncian malas condiciones de alojamiento en la comisaría donde murió un interno

Sigue por estas horas la intensa investigación judicial por la muerte de José Antonio “Niti” Cuellar, ocurrida tras su detención en la comisaría de Joaquín V. González, con el caso generando incertidumbre en la localidad ante las denuncias de violencia que rodean el fallecimiento del hombre de 52 años.

Ahora, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura emitió un informe donde relevó graves condiciones de detención en la dependencia donde se originó el trágico desenlace y que, tras una inspección de monitoreo, advirtieron que el edificio presenta deficiencias estructurales que vulneran cualquier estándar mínimo de derechos humanos.

Según informó el medio Salta|12, el comisionado Andrés Giordamachi describió el calabozo como un espacio sumamente precario que no cuenta con los requisitos indispensables para el alojamiento de personas. “Es insalubre, no tiene iluminación suficiente, ni ventilación, ni espacio”, detalló el funcionario tras constatar que el lugar no es apto bajo ningún concepto.

“Lo culparon, lo condenaron y lo mataron”, la carta de la familia de “Niti” Cuéllar tras su muerte en la comisaría

Además, se indicó que al momento de la muerte de Cuellar, la dependencia albergaba a más de 30 personas, superando ampliamente la capacidad del reducido recinto policial. Ante este escenario, el Comité enfatizó que el proceso judicial debe ser "imparcial, objetivo y que no se nutra solamente de un discurso policial" para esclarecer los hechos.

La Fiscalía imputó recientemente a siete internos por homicidio doblemente agravado, aunque se investiga si existieron omisiones por parte de la fuerza de seguridad. “Evidentemente, la Policía tiene una responsabilidad objetiva sobre la integridad física, la salud y la vida de las personas bajo su guarda”, señaló Giordamachi.

Desde el organismo insistieron en que las comisarías no deben funcionar como centros de alojamiento prolongado, ya que la custodia debe recaer en el Servicio Penitenciario. “Lo que creemos nosotros es que el hecho se pudo haber evitado y el desenlace fue un conjunto de malas decisiones”, lamentaron los representantes del Comité.

Finalmente, el Comité expresó su alarma por el aumento de muertes bajo custodia estatal, registrando ya tres casos en lo que va del presente año 2026, con lo que exigieron decisiones políticas urgentes para garantizar la integridad de quienes se encuentran privados de su libertad en la provincia.