Los salteños ya no serán rehenes de las protestas sociales

El martes pasado, en una tercera sesión de debate, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a las últimas reformas del Código Contravencional, con lo cual cerró la discusión y convirtió en Ley los cambios que pronto entrarán en marcha.

Una de las principales modificaciones prevé que las organizaciones deberán con razonable anticipación, darle aviso a la autoridad competente, debiendo respetar las indicaciones, si las hubiere, respecto al ordenamiento.El objetivo es regular las manifestaciones públicas para que las agrupaciones civiles, políticas o sindicales, se amolden a un procedimiento previo, como el de comunicar con suficiente anticipación el lugar elegido para sus protestas.

En vista de ello, los salteños podrán estar informados de manera anticipada respecto a cuándo y dónde se llevarán a cabo estas protestas, con lo cual las distintas líneas de colectivos podrán prever recorridos alternativos.

Equilibrar derechos

La norma no hace más que equilibrar los derechos de los ciudadanos a fin de que no haya preeminencia de uno sobre otros. No obstante, algunos sectores no lo entienden así, entre ellos los legisladores del Partido Obrero y otras asociaciones, quienes, lejos de entender que “los derechos de un sector terminan donde comienzan el de los demás”, han iniciado una campaña para rechazar la reforma legislada.

Aunque los principales referentes de estos sectores, entre ellos el diputado del PO, Claudio del Plá y la dirigente, Ana Fernández, de la Comisión de Padres contra la Impunidad, intentan sostener que el gobierno busca criminalizar la protesta, lo cierto es que esta norma no es nueva en materia de legislación contravencional.

Ya en 2004, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la promulgó como norma dentro del Código Contravencional, lo que le ha permitido a los porteños estar informados respecto a los cortes de tránsito, al menos, horas antes y no por sorpresa como sucede en Salta.

Las protestas sociales son un dolor de cabeza no sólo para nuestro país, sino para varias naciones en Sudamérica. Chile, por ejemplo, encabeza el registro de detenidos por manifestaciones públicas. En 2008, en este país trasandino, se registraron 17.673 detenidos por protestas en la vía pública.

En 2010, el libro La Protesta Social en América Latina, del Programa de las Naciones Unidad, ubicó a la Argentina en tercer lugar, después de Perú y Bolivia, en materia de protestas sociales. Sin dudas, se trata de una problemática que hasta la misma presidenta, Cristina Fernández de Kircner, se refirió en sus apariciones públicas durante el año pasado, exigiendo una regulación al respecto.

Tanto así que Carlos Kunkel, diputado nacional por el Frente para la Victoria, presentó un proyecto de Ley para la regulación de las protestas sociales, denominado “convivencia en manifestaciones públicas”, el cual proponía un preaviso con un plazo de 48 horas de parte de los sectores que vayan a protagonizar la protestas.

El caos como esencia

Frente a esto, el PO y los sectores que le son funcionales a la protestas callejera, insisten en sostener que la nueva norma sólo llegó para criminalizar a los trabajadores, algo que Del Plá no reparó en manifestar en la sesión del martes, cuando salió en defensa de los gremialistas que fueron detenido en Morillo por una brutal agresión que protagonizaron contra los policías el 30 de octubre pasado.

Lucas Godoy, entre otros diputados oficialistas, en tanto, presentaron claramente el alcance de la norma, siendo incluso bastante enfático al sostener que esta reforma no criminaliza en absoluto la protestas sociales, sino que llega para poner orden en la vía pública.

Con la mayoría de su lado, el oficialismo debatió a fondo el asunto y terminó por aprobar la reforma, la que prioriza el derecho colectivo por encima del capricho de pequeños sectores, cuya esencia, al parecer, giran en torno al caos y el desprecio por el derecho de los demás.

Fuente: www.informatesalta.com.ar