Por el robo de caños del Gasoducto GNEA, Prado podría recibir hasta 15 años de cárcel

Hoy a partir de las 16 horas, se escucharán los alegatos de la fiscalía, la querella y las defensas, las que esta vez deberán referirse al pedido de penas para el ex intendente de Aguaray Jorge Enrique Prado y los empresarios Diego Alos y Adrián Vera.

Una vez que se hagan estos planteos, con posibles réplicas y dúplicas, el Tribunal le dará nuevamente a los imputados la posibilidad de hablar para luego pasar a una segunda deliberación, y dar un segundo fallo sobre las penas que consideran justas para Enrique Prado, Diego Alos y Adrián Vera.

El lunes pasado, cuando se reanudó el debate tras el fallo de culpabilidad que dejó a otros siete acusados absueltos, las defensas del ex intendente de Aguaray y de los dos empresarios culpados, adelantaron que apelaran la decisión de los jueces de considerarlos responsables del robo de los caños.

Según lo trascendido, el más vehemente en expresar esa postura fue el abogado Fernando Teseyra, defensor de Jorge Prado, quien se dirigió directamente a la opinión pública y sostuvo que “esta defensa no comparte la decisión arribada por el Tribunal y va a recurrirla por la vía que corresponda”.

Lo mismo hicieron los defensores de Alos y Vera, a cargo del abogado Mauricio Cardello y la defensora oficial María Julieta Loutayf respectivamente, los que acompañaron las expresiones de Teseyra respecto a la apelación del fallo.

Pese a ello, todos se mostraron dispuestos a enfrentar esta segunda etapa del juicio, consistente nada menos que en evaluar las condiciones personales de los tres acusados culpables para luego determinar la pena que le correspondería.

En cuanto a las penas que podrían recibir los acusados, fuentes judiciales revelaron que Prado y Alos están en una situación comprometida, pues la escala penal del delito de robo agravado por el cual fueron declarados culpables, es de 5 a 15 años de prisión.

Además, Prado y Alos ya tenían un pedido de pena de 14 y 12 años de prisión, el cual fue requerido por el fiscal general Eduardo Villalba, al momento de elevar el caso a juicio, aunque al hacerlo incluyó el delito de defraudación, el cual fue descartado por los jueces en su primer fallo.