Condenadas por falsificar certificados médicos en Tartagal: Una de ellas irá a prisión
Dos mujeres fueron halladas culpables de emitir certificados truchos con el nombre de un médico del hospital local. Una recibió pena condicional, la otra prisión efectiva.
En la ciudad de Tartagal, dos mujeres fueron condenadas por falsificar certificados médicos utilizando indebidamente el nombre y sello de un profesional del hospital local. Los documentos apócrifos eran vendidos para la realización de distintos trámites, según se desprende de la investigación.
Durante una audiencia de juicio abreviado, el fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal en el proceso contra Noelia Herrera y Ana Ramos, acusadas como coautoras del delito de falsificación de documento público (cinco hechos) en concurso real.
Tras la confesión de las imputadas y con acuerdo entre las partes, la jueza Sandra Sánchez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, condenó a Herrera a 1 año y 6 meses de prisión condicional, con reglas de conducta, y a Ramos a 1 año y 6 meses de prisión efectiva, declarándola reincidente por primera vez.
La pena de ejecución condicional, prevista en el artículo 26 del Código Penal Argentino, implica que la condenada no irá a prisión, salvo que incumpla las condiciones impuestas por el tribunal. Entre estas reglas pueden figurar: fijar residencia, abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes, no cometer nuevos delitos, y realizar presentaciones periódicas ante la Justicia.
La causa se inició a partir de la denuncia de un médico del hospital de Tartagal, quien descubrió que su nombre y sello estaban siendo utilizados en certificados falsos. La Brigada de Investigaciones logró identificar a las autoras —una de ellas empleada del mismo hospital— y, tras allanamientos en sus domicilios, secuestraron sellos, recetarios y otros elementos utilizados para la maniobra.
Las condenadas confeccionaban los certificados y completaban formularios oficiales simulando la firma del médico, cobrando a cambio de cada documento. El caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de reforzar los controles internos en instituciones públicas para evitar este tipo de fraudes.