"El 49% del total de denuncias de violencia corresponden a parejas o ex parejas"

Dicho informe fue remitido a las autoridades de: Corte de Justicia de Salta, Oficina Mujer de la Corte de Justicia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Universidad Nacional de Salta, Procuración General de la Provincia, Defensoría General de la Provincia, Asesoría General de Incapaces y Gobernación de la Provincia.

Una síntesis del documento presentado

El documento representa un avance del Informe Anual correspondiente al año 2016 del organismo, que se presentará el 25 de noviembre próximo, aniversario de creación del Observatorio y Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Contiene datos estadísticos de la Oficina Mujer de la Corte de Justicia, Ministerio Público Fiscal, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Educación de la Provincia de Salta; han sido analizados con el objetivo de brindar insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en la provincia.

En este resumen se plantean los lineamientos generales de los puntos más transcendentes del documento, autonomía de las mujeres (económica, en la toma de decisiones y física), análisis de los datos estadísticos y el planteo del “no dato”, es decir, aquello que nos permite ir más allá y reflexionar sobre cómo registra el estado su información estadística y cuáles son los desafíos.

La medición de INDEC del año 2013, arroja que las mujeres salteñas se ubican segundas en el país respecto de la división sexual del trabajo dentro de sus hogares, dedicando el 79,8% de su tiempo al trabajo doméstico no remunerado, marcando una clara condición de desigualdad para con los varones, no solo frente al uso del tiempo y al acceso al trabajo remunerado, sino también respecto de la visibilización de su contribución a la economía, siendo solo superadas por la provincia de San Juan.

La autonomía en la toma de decisiones, hace mención a la presencia de mujeres en los distintos niveles jerárquicos. Cuando analizamos la situación del estado provincial vemos que a nivel local, el 5% de las intendencias están gobernadas por mujeres, (de 60 intendencias, sólo 3 son mujeres). En el Poder Legislativo observamos que las bancas ocupadas por mujeres representan el 25% en Diputados y el 17% en el Senado Provincial. La configuración actual del Poder Ejecutivo arroja números más determinantes, de un total de 13 Ministerios, 2 carteras son ocupadas por mujeres, correspondiendo estos ministerios a temáticas estereotípicamente femeninas. En el Poder Judicial, este parámetro se repite. Las mujeres dentro del sistema judicial en general superan el 60% dentro del total, siendo camaristas 38% del total, en tanto que una sola es Ministra de Corte.

Para referirnos a la autonomía física de las mujeres, es decir, el respeto a los derechos reproductivos y la violencia física, consultamos el Informe del Sistema Nacional de Información – Criminal (SNIC) del año 2015, que refleja otra situación alarmante en la provincia. Ubica a Salta en el primer lugar del país, respecto de la tasa de violaciones por habitante, del 27,5% y el segundo lugar atrás de la provincia de Buenos Aires si tomamos solamente el registro nominal de casos anuales, 367 violaciones.

El diagnóstico de situación de las políticas públicas del Poder Ejecutivo, así como también la recopilación de los datos estadísticos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, arrojaron similares desafíos: la transversalización de la información por un lado, y la sistematización y unificación de criterios de denominación por otro. Las diferentes áreas del estado provincial funcionan como compartimentos estancos, los datos se presentan con el objetivo de registrar o mostrar la propia tarea, no con un fin estadístico, de análisis o bajo la pretensión de complejización del análisis de la situación, en este caso, de la situación de la violencia de género.

De los datos obtenidos del Ministerio Público y la OVIF, inferimos en primer término que las tipologías de medición son diferentes, dificultando la compatibilización y armonización de los datos entre ambos. Sólo por tomar un ejemplo, si bien las Fiscalías categorizan los tipos de denuncias de acuerdo a los delitos, (Código Penal), no se desagrega la información para entrecruzamientos entre estos delitos y las denuncias radicadas en OVIF.

En el caso del Ministerio de Seguridad, respecto de la cantidad de llamadas recibidas por situaciones de Violencia Familiar al servicio de emergencias 911, encontramos que la falencia anteriormente descripta vuelve a repetirse, dado que, no todos los casos contabilizados dentro de la tipología constituyen efectivamente, casos de violencia contra las mujeres.

Violencia familiar

Sobre la medición de la violencia, observamos que la provincia de Salta no ha podido unificar la información incluida en los diferentes registros administrativos. Cada dependencia, de manera aislada y estática presenta su información, sin compartir criterios en relación a qué se mide y cómo se registra la información relevante. Por ejemplo, de los datos obtenidos de la OVIF – Oficina de Violencia Familiar del Poder Judicial de Salta, observamos un alto índice de “sin especificar” en la edad de la víctima, dato fundamental para analizar y transversalizar el diseño de las políticas públicas focalizadas.

Respecto de las denuncias, la OVIF, cuantifica la cantidad de denuncias y no de “casos” , situación que impide observar, la reiteración de denuncias por parte de la misma víctima contra un mismo agresor por un lado. Respecto del vínculo con el agresor por parte de la víctima, vemos como se desagrega ampliamente en diferentes tipos, pudiendo todos encuadrarse en “pareja-ex pareja”, dado que el 49% del total de denuncias de violencia registradas desde enero a mayo del 2016 fueron propiciadas por parejas o ex parejas.

Según los datos obtenidos del Ministerio Público, particularmente de las Fiscalías de Violencia Familiar y Género, en el año 2015 se recibieron un total de 4.627 denuncias en fiscalías penales , mientras que en lo que va del año 2016 ya son 2.187; vislumbrando un aumento de las mismas.

Respecto del acceso a la justicia como un derecho que el Estado debe garantizar, entendiéndolo en su sentido más amplio, con pronunciamientos en tiempos razonables y con procesos judiciales completos, existe un déficit verdaderamente importante, dado que el 73,4% de las acusaciones no tienen sentencia firme . Porcentaje que demuestra que en la provincia de Salta, no se está cumpliendo con el aspecto sancionatorio que la legislación y los organismos internacionales señalan, como parte necesaria del accionar del Estado con respecto a la violencia contra las mujeres.

Femicidios

Los femicidios , relevados por el Observatorio “Rosana Alderete” desde el primero de enero a la fecha del presente informe, se detallan en cuadro a continuación:

enero – mayo 2016

Nº	FECHA	VICTIMA	EDAD	LOCALIDAD	HIJOS	DENUNCIAS	AGRESOR	VINCULO
1	06/01/2016	Daniela Martínez	22	Chicoana	S/Datos	Comisaría Nº 11	Iván Facundo Martínez	Concubino-Pareja
2	23/03/2016	Claudia Marisol Campos	16	Morillo-Rivadavia	S/Datos	S/Datos	La familia acusa al jefe comunal de estar implicado	S/Datos
3	23/03/2016	Delia Lamas	32	Salta-Vº Estela	S/Datos	UGAP	Héctor Leonardo Pérez	Concubino-Pareja
4	01/04/2016	Jessica Leticia Sarapura	25	La Caldera	S/Datos	UGAP	"Wincho" Sánchez	Pareja
5	06/0572016	Marianela Gracionis	21	Salvador Mazza	1	Caso a cargo del Fiscal Penal Armando Cazón	Juan Arraya	Desconocido para sus vecinos
6	09/05/2016	María Elena Guzmán	33	Salvador Mazza	2	Caso a cargo del Fiscal Penal Armando Cazón	Identificado con iniciales A.T.	Ex pareja

Respecto del análisis de género y otras vulnerabilidades, en términos generales, se evidencia que las mujeres trans no se encuentran contabilizadas en ningún dato estadístico disponible en nuestro contexto local, ni en los registros sobre violencias ni en los que corresponden a femicidios. Este “no-dato”, demuestra la invisibilización y el trato discriminatorio del estado para con el colectivo trans en particular y de la diversidad sexual en general en el provincia.

Si cruzamos dos variables, analfabetismo y pueblos originarios, con la categoría género de los datos analizados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el año 2010, surge que el 3,1% de la población total de la provincia de Salta es analfabeta; pero si sólo se toma en cuenta la población de pueblos originarios, surge que el 8.9% de la misma está en esta condición. Esto desagregado por sexo, obtenemos que el 3,6% de las mujeres salteñas se encuentra en situación de analfabetismo, en contraste con el 2,7% de los varones. Para la población originaria, los datos revelan que se potencian, arrojando un 11% de mujeres analfabetas, en comparación con el 6,8% de varones pertenecientes a pueblos originarios.