Evalúan incorporar jurados populares en casos de homicidio

La iniciativa fue tema central de una reunión de ayer entre senadores de la Comisión de Legislación General con el Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, oportunidad en la que también se abordaron otros temas vinculados a proyectos de leyes que están en tratamiento por ese cuerpo legislativo, publicó Nuevo Diario.

La reunión fue presidida por la senadora, Silvina Abilés, presidenta de la Comisión de Legislación General, como así también estuvieron presentes los senadores Diego Pérez, Roberto Gramaglia, Mashur Lapad, Guillermo Durand Cornejo, Jorge Soto, Carlos Rosso, María Laura de la Zerda y el secretario legislativo, Guillermo López Mirau.

Al respecto, el gobierno provincial junto a la Procuración y otros organismos, como el Colegio de Abogados de Salta, impulsaron distintas capacitaciones y seminarios destinados a conocer este sistema, el que actualmente se encuentra vigente en tres provincias, Buenos Aires, Córdoba y Neuquén.

En los últimos años, en tanto, nueve provincias avanzaron con el tratamiento de leyes para la implementación de este modelo. Al respecto, López Viñals indicó que en el norte del país, la provincia de Jujuy tiene una legislación al respecto muy pronta a salir.

Santa Fe, San Juan, Mendoza, Río Negro y Chaco, son algunas de estas provincias que ya trabaja en la aprobación de leyes para la aplicación de juicios por jurado, un sistema que generó buena aceptación en las provincias donde ya está vigente.

López Viñals recordó que actualmente los juicios populares ya alcanzan un 70 por ciento de casos que terminaron en condena.

Al respecto, cabe señalar que Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados y defensor general de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, fue uno de los especialistas que visitó Salta para dictar capacitaciones al respecto.

A diferencia del modelo tradicional, López Viñals y los senadores analizaron la posible aplicación de jurados populares para juzgar solamente los casos de homicidios, con lo cual se reduciría la inversión que exige este sistema y con ello se alivianaría la función del juez en esas causas.