La justicia investiga serios desmanejos económicos del IPPIS
La Unidad de Delitos Económicos Complejos recibió el expediente enviado desde la Secretaría General de la Gobernación. Advierten serias irregularidades.
Justicia15/03/2019La provincia giró un expediente que investiga supuestas irregularidades en la administración del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), tras advertir en una auditoría serias irregularidades. Con la sospecha de que se cometieron delitos la Unidad de Delitos Económicos Complejos investigará el caso.
Según lo informado desde la Secretaría General de Gobernación, las presuntas irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Provincia dan cuenta de “una deficiente e informal registración de los ingresos y egresos de fondos sin ningún tipo de desarrollo que garantice la integridad y confiabilidad de los datos que contienen, como así también la falta de libros contables manuales ni de un sistema de registración financiero presupuestario”.
El IPPIS es un ente provincial autárquico, por lo que su manejo es autónomo y está a cargo de las autoridades que lo dirigen. No obstante, está sujeto a controles y auditorías como la realizada, en este caso, por la Sindicatura General de la Provincia.
Otra de las graves irregularidades detectadas tiene que ver con que “durante los años 2018 y 2019 se habrían entregado fondos con cargo de rendición a los responsables de las distintas etnias sin que se hubiese rendido el destino asignado a los mismos, como así también retiro de dinero de la cuenta bancaria sin asignación específica y sin intervención del área contable”.
En 2017 se detectó la emisión de cheques, cuya situación resulta incierta por no encontrarse en sus respectivas chequeras y por no estar registrada en el área contable del IPPIS, no obstante que algunos de esos títulos fueron presentados para el cobro y debitados de la cuenta bancaria.
A raíz de la grave situación la Unidad de Delitos Económicos Complejos está abocada al análisis de la documentación del caso a fin de establecer la posible comisión de hechos delictivos, para lo cual no se descarta que se dispongan otras diligencias, entre ellas pedidos de informes y documentación.