El Gobierno provincial decidió prorrogar por cuatro meses más la intervención del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), a fin de que los integrantes de esa intervención puedan continuar regularizando y reorganizando el organismo.

Se complicó la situación de Alejo Gallardo y Romelia Durán, el actual y la ex presidenta .También está acusado el vocal Samuel Centeno. Notificaron a la Fiscalía de Estado.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos recibió el expediente enviado desde la Secretaría General de la Gobernación. Advierten serias irregularidades.

Será por el periodo de tres meses, y de acuerdo a los resultados de la auditoría remitida por la Sindicatura General de la Provincia. Se creará una comisión interventora y normalizadora ad-honorem.

La ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, confirmó que el organismo será intervenido administrativamente. Una comisión integrada por tres miembros del Ejecutivo se hará cargo por tres meses.

Alejo Gallardo, actual director del ente, desestimó los trascendidos que indicaban que daría un paso al costado para que el cacique wichi Indalecio Calermo se haga cargo del organismo autárquico.

El gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió al conflicto que atraviesa el ente autárquico que representa a los pueblos originarios de la provincia. El primer mandatario también habló sobre los incidentes con comunidades en Cachi y Cuña Muerta, por el intento se usurpación de propiedades privadas.

Integrantes de comunidades originarias provenientes de Tartagal reclamaron por distintas carencias que estarían atravesando. Al no poder ingresar al edificio, el cual era custodiado por la Policía, generaron momentos de tensión y forcejeos.

En el marco del Día del Aborigen Americano, la presidenta del IPPIS Romelia Durán, aseveró que en su gestión apuntan a resolver el pedido de más tierras para “nuestros hermanos tengan un título de sus tierras”.