Especuladores inmobiliarios contra el cableado subterráneo en Salta

Los operadores inmobiliarios de la ciudad de Salta no quieren cumplir con el artículo 293 del Código de Planeamiento Urbano, modificado por la ordenanza 14.384 en junio de 2012, que exige en todos los loteos privados el tendido de redes subterráneas de energía eléctrica y alumbrado público, puesto que encarecería los lotes y no podrían comercializarlos con el nivel exorbitante de ganancias que ellos pretenden.

Claro, es más fácil atribuir un elevado costo del metro cuadrado a una obra necesaria y que se aplicada en muchos países del mundo, a decir que el costo se corresponde a sus especulaciones y ansias de ganancias fuera de toda lógica.

Es sabido que el precio de la tierra en Salta es mucho más caro que el de otras provincias, comparándolo en algunos casos con el mismísimo Puerto Medro, en Buenos Aires.

¿Será porque tienen cableado subterráneo? O es porque son especuladores despiadados.

Las tierras que pertenecieron a Pereyra Rozas, en la zona norte de la ciudad de Salta, como las urbanizaciones de "Los Day", en la zona cercana al aeropuerto Martín Miguel de Güemes, como otros muchos loteos, deben cumplir con el Código de Planeamiento Urbano, es decir tener cables de tendido eléctrico y alumbrado público bajo tierra y, no como ocurre actualmente el colgado de postes de madera a modo de guirnaldas. Se trata de una medida que no es solo estética, por disminuir la contaminación ambiental, sino que hace a la seguridad, evita peligros ante caída de postes, entre otras ventajas.

Incluso Diario El Tribuno, salió en defensa de los especuladores inmobiliarios, aduciendo que la ordenanza era desmedida, en virtud de imposibilitar el acceso a las personas de condiciones humildes y la clase media salteña. Claro, su propietario es dueño de extensas tierras de donde obtiene importantes ganancias, y para nada quieren afrontar esas obras de infraestructura.

La nota dista de la verdad, puesto que en los loteos de Pereyra Rozas, como en las de "Los Day", cada pequeña parcela cuesta más de 250 mil pesos. Lo cual los torna poco competitivos, al tratarse de urbanizaciones alejadas y con pocos servicios, ante los imponentes countrys salteños, que por el monto de entre 280 a 400 mil pesos ofrecen gran cantidad de servicios.

El cumplimiento de la ordenanza para la familia del Senador Romero, como para otros emprendimientos, si, es verdad que encarecería los lotes, que tendrían que trabajar más, no solo poner estacas y vender con un croquis, tendrían que contratar profesionales matriculados para el soterramiento de la distribución de energía eléctrica y el alumbrado público. El cumplimiento de la ordenanza es un beneficio para el conjunto de los salteños, para el futuro y la seguridad de nuestros niños. El problema que tienen los especuladores es que esta inversión en servicios adecuados, aumenta el precio, al punto de pasar el límite que están dispuesto a pagar los salteños por una miserable parcela, es decir el precio asciende por encima de los 300 mil pesos, lo cual hace poco competitivo ante el precio ofrecido por los countrys.

El mínimo que un especulador inmobiliario pretende por cada parcela es de 250 mil pesos, a los beneficiarios de Procrear solo se les reconoce 125 mil pesos del monto total del crédito que otorga el gobierno nacional. La distancia es abismal y, en este punto radicada la falaz nota del matutino, no por derogar la ordenanza, estos especuladores, pondrán a disposición de los salteños/ñas, un terreno con servicios en la ciudad de Salta a 125 mil pesos. Creer en eso es infantil ¿No?

Queda claro que, el problema de los especuladores no es la imposibilidad de acceso de la gente de clase media, o más humildes a los terrenos. El problema es cumplir con las leyes y dejar de ganar lo que quieren ganar.

Fuente: vernoticiasonline.com.ar

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