Fuentes judiciales minimizaron las excusas de Romero para eludir la indagatoria

Se plantearon varios puntos en la presentación legal de la defensa del ex gobernador Juan Carlos Romero para evitar prestar declaración indagatoria, la semana pasada, por la causa de La Ciénaga, pero ninguno de ellos alcanzó algún grado de seriedad y la maniobra fue calificada enteramente como dilatoria.

Además, quedó claro que Romero teme sentarse frente al juez José María Alvarado Solá, quien ya tiene en su haber el procesamiento de su vocero, Fernando Palópoli, imputado por delitos de corrupción durante su paso como directivo de la Sociedad del Estadio Padre Ernesto Martearena.

Alvarado Solá, en su anterior puesto como juez de Instrucción Formal 6, procesó a Palópoli por los delitos de “peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público”, la misma acusación penal endilgada a su jefe.

El procesamiento de Alvarado Solá al vocero de Romero, dictado en mayo de 2010, fue confirmado por la Ex Cámara de Acusación, lo cual generó mayor temor en Romero, quien instruyó a su nuevo defensor, Oscar Guillén, a fin de que evite a cualquier costo la posibilidad de ser indagado por Alvarado Solá.

Para ello, Guillén, adujo en sus planteos cuestiones que, en la Ciudad Judicial, fueron calificadas como irrisorias. Principalmente, Guillén recusó al juez por supuesta imparcialidad, aunque evitó hacer referencia al procesamiento de Palópoli, el primer ex funcionario romerista procesado por corrupción.

El ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, recusó al juez José Alvarado Solá en la causa de La Ciénaga, y se excusó de presentarse a indagatoria. Romero, debía declarar el miércoles por la causa que investiga la supuesta venta ilegal de 90 hectáreas de los terrenos de La Ciénaga.Minutos antes de las 9, hora de la cita, su abogado Oscar Pedro Guillén presentó una recusación contra el juez de Instrucción José María Alvarado Solá, por considerar que la citación a declaración indagatoria en el caso, está "viciada de parcialidad" y que "responde a un interés electoral".

Casi administrativo
Romero exigía un trámite casi administrativo para las causas abiertas en su contra, instancia que fue rechazada por la fiscal penal María Inés Loyola, quien inició el proceso judicial con una promoción penal contra el ex gobernador y luego apeló para que el acusado sea indagado como cualquier ciudadano.

Tras cuatro años de disputa respecto al alcance de los privilegios de Romero, la fiscal Loyola ganó la pulseada y su razonamiento se impuso cuando la Corte le dio la razón y decidió que el ex gobernador sea sometido a lo reglamentado por la Ley Nacional de Fueros, la cual permite que todo legislador nacional sea indagado, e incluso llevado a juicio.

Fuente: Nuevo Diario de Salta