Escándalo del IFE: La Justicia trabaja en el camino digital de las solicitudes

Justicia 28 de julio de 2020
Tras el requerimiento de información a la Anses, la investigación trabajará con distintos grupos para conocer cómo fueron los trámites que hicieron los concejales y políticos para solicitar el beneficio. Luego se sabrá las imputaciones.
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Durante la mañana del lunes, investigadores de la Fiscalía Federal de Delitos Complejos, siguiendo instrucciones del Fiscal Ricardo Toranzos, se constituyeron en las oficinas Anses revisando documentación y buscando información en el marco del escándalo que desató una investigación periodística enlistando a concejales y políticos salteños para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Tras retirar registros de la oficina del organismo nacional ubicado en calle Jujuy y las novedades en el tema, InformateSalta pudo conocer por fuentes cercanas, que los investigadores pudieron acceder al programa específico que comprende a nivel nacional todo lo referido al IFE. Esto, gracias a que las autoridades de ANSES facilitación la clave de acceso, en un claro gesto de colaborar con la investigación.

Esta acción permitió no solo el ingreso al sistema, sino también hacer la comprobación de los pasos de las solicitudes sospechadas, siguiendo un listado de las personas que habrían iniciado el requerimiento del Ingreso, sus rechazos, aprobaciones y eventuales cobros.

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Con esta data, en el transcurso de los próximos días la Justicia buscará establecer el camino digital de estos requerimientos, saber dónde se iniciaron los caminos por internet de los trámites para constatar concretamente quiénes habrían pedido el IFE.

Esta data se analizará en tres grupos: aquellos que solicitaron el beneficio y fueron rechazados; quienes lo pidieron, fueron aprobados pero no lo cobraron; y los que lo pidieron, recibieron la aprobación y lo cobraron en sus respectivas cuotas (van 2 de 3).

Al terminar el cuadro probatorio, se analizará el orden de imputaciones según las distintas categorías, adecuarlas al tipo penal y realizar la calificación pertinente. Por ahora, se trabaja bajo el supuesto de “Investigación del delito de Defraudación a la administración pública”, siendo la acción penalizada con una escala penal que va de 2 a 6 años de prisión.

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