Escándalo del IFE: no descartan que exista vinculación de personal de ANSES

Avanza la investigación por el escándalo por los concejales, el diputado, el intendente y hasta el propio titular de ANSES en Salta, Marcos Vera, que habrían solicitado el Ingreso Familia de Emergencias (IFE), beneficio económico de $10.000. La causa actualmente se encuentra en la justicia federal, pero fue la fiscal Verónica Simesen de Bielke la primera en tomar cartas en el asunto.

En diálogo con InformateSalta, detalló que motivada por la investigación periodística que encendió la polémica y el antecedente del concejal Héctor Cari, de Guachipas, ya imputado por el delito de fraude a la administración pública, inició la investigación y dispuso medidas preliminares.

En este sentido, contó que se procedió a la identificación de las personas involucradas para corroborar que sean funcionarios públicos y cuál es su designación, como así también ponerlos en conocimiento que están siendo investigados por la denuncia mediática. Asimismo, a través de un oficio, se pidió a la gobernación que les informe si esas designaciones habían sido informadas a Anses.

Simesen de Bielke explicó que por prudencia, y para evitar cualquier nulidad al tomar una declaración a un imputado sin la presencia de su defensor, no tuvo ningún tipo de conversación con los involucrados, aunque reconoció que muchos de ellos se acercaron a la fiscalía pretendiendo realizar su descargo, el que debe ser presentado por escrito.

Al tratarse de fondos nacionales, una investigación bastante compleja y por la investigación que también había iniciado el fiscal federal Ricardo Toranzos, la causa quedó en manos de este último y a quien se le fue remitida todas las actuaciones de la justicia provincial. “Habrá que ver, sobre todo teniendo en consideración de que exista alguna vinculación del personal de Anses”, dijo.

Sobre las penas que pueden recibir en caso de comprobarse la existencia del delito, van desde los 1 a los 6 años para aquellos que lo cobraron y entre un tercio de mínimo y la mitad de máximo para aquellos que lo solicitaron y cuya solicitud fue rechazada.

“Hasta que se demuestre que son culpables con una condena firme, hasta ese momento todos son inocentes, hay una presunción de que se ha cometido un delito pero no ha sido juzgado y condenado. En este caso, de comprobarse el hecho, les correspondería una pena de inhabilitación especial, no creo que si fueran condenados podrían volver a ejercer un cargo público. Además, creo que es una cuestión de ética, que tendrá que quedar en la capacidad de cada uno de reflexionar si corresponde que sigan ejerciendo un cargo porque la sociedad ha tomado de muy mala forma esta situación”, expresó.

Finalmente, contó que la investigación también alcanza al organismo nacional, que de plano tendría que haber rechazado todos los trámites de solicitud de los funcionarios públicos.