Escándalo del IFE

El fiscal Ricardo Toranzos, adelantó que en 10 días podrían haber una nueva audiencia en la que imputarían a aquellos que gestionaron la ayuda pero no aportaron los datos bancarios para cobrarlo.

Los responsables de las agencias de El Carril, Embarcación y Orán se suman a la lista de sospechosos. Es por el cobro ilegal del subsidio por parte de concejales y otros funcionarios. Ya hay 18 imputados.

El fiscal federal, Ricardo Toranzos, explicó por CNN Salta la situación de cada uno de los imputados en la causa. Agregó que este tipo de delito tiene una escala de 2 a 6 años de prisión que dependerá si son responsables.

Dos ediles de San Lorenzo y uno de Urundel fueron destituidos de su cargo al conocerse que solicitaron el beneficio. El Tribunal Electoral deberá proclamar los reemplazos.

Será a pedido del fiscal del caso Ricardo Toranzos, por los presuntos delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. No se descarta más imputaciones en lo sucesivo.

Durante la entrega de viviendas en Chicoana el gobernador arremetió una vez más por la inseguridad y falta de control que hay en las fronteras, denunciando el cruce ilegal de cientos de personas.

Se trata de Romina Villena, edil en un municipio de Tarija, quien cobró el Ingreso con un domicilio declarado en Los Toldos y recibe la Asignación Universal. También quiso votar en los comicios 2019.

La disparada de casos de coronavirus en el norte provincial, muchos producto del ingreso de bolivianos de manera ilegal, dejó al descubierto otra oscura realidad: cientos de extranjeros que cobran el IFE.  

Un proyecto presentado en el cuerpo deliberativo pide la expulsión de tres ediles, involucrados en el escándalo del cobro del beneficio. Dos de ellos habrían percibido los $10.000.

Es necesario tener fresca la memoria para que estos escándalos no pasen como si nada. El cobro de las IFE por políticos, el robo de los caños en Aguaray, y el abultadísimo sueldo de un director de Aguas del Norte.

Así lo consideró la diputada provincial Socorro Villamayor, quien resaltó los errores del sistema al otorgarle el beneficio a funcionarios. “A la gente deshonesta que la juzgue Dios”, dijo.

Ediles del municipio de San Lorenzo aprobaron en sesión un pedido para que dos de sus miembros expliquen por qué habrían tramitado el IFE. Tras una evaluación, definirán posibles sanciones.

El jefe comunal, Héctor Raúl Vargas, tomó la determinación de apartar de su gabinete a aquellos secretarios y directores que buscaron hacerse con el beneficio.

Tras el requerimiento de información a la Anses, la investigación trabajará con distintos grupos para conocer cómo fueron los trámites que hicieron los concejales y políticos para solicitar el beneficio. Luego se sabrá las imputaciones.

La justicia investigará también al organismo nacional por otorgar el beneficio de los 10 mil pesos a funcionarios salteños. De comprobarse el delito, las penas van desde 1 a 6 años de prisión.

Investigadores de la Fiscalía Federal de Delitos Complejos, siguiendo instrucciones del Fiscal Ricardo Toranzos, se constituyeron hace instantes en la Anses revisando documentación por el caso IFE. 

Ediles de Urundel, Orán y Aguaray hablaron tras figurar en el listado de inscriptos para el Ingreso. Aseguraron que buscaron ayudar a la gente con instructivos. También denunciaron “vulneración” de datos.

Con una sociedad sumergida en una crisis sanitaria y económica sin igual en la historia, la clase política, la que debiera dar respuestas y soluciones, nuevamente se encarga de generar asco e indignación en la gente. Los abusadores del estado.