Romero será el primer ex gobernador en ser indagado por delitos de corrupción

Se trata de la primera vez en la historia de la provincia de Salta, tras el retorno de la democracia, que un ex gobernador acude a la justicia para ser indagado por delitos de corrupción.

Para que ello suceda, hubo que esperar cuatro años desde que se abrió la causa penal por el negociado de La Ciénaga, el cual incluye el traspaso de 90 hectáreas del estado provincial al patrimonio personal de los Romero, representado a través de la sociedad Estancia del Carmen S.A., presidida por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador.

Este acto procesal, normal y de rigor para los imputados, se esperaba para el año 2010, cuando se abrió la causa a instancia de una promoción penal realizada por la fiscal penal, María Inés Loyola, quien este miércoles estará presente para interrogar al ex gobernador.

Aunque Romero, en el marco de su estrategia defensiva, siempre adujo sus intenciones de dar las explicaciones del caso a la justicia, la verdad es que nunca materializó esas intenciones, pues desde que la causa fue abierta interpuso toda clase de recursos legales para evitar este acto, considerado único para la historia judicial de la provincia.

Incluso, del expediente en curso, surge que la citación a indagatoria de Romero se debe, en gran parte, a un error de su defensora, Andrea Astudillo Rizzi, quien dejó vencer un plazo para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hecho que le valió su desplazamiento de la defensa.

En su remplazo, Romero nombró al abogado Oscar Guillén, quien intentó sacar de la esfera de la justicia provincial otra causa penal en la que Romero se encuentra seriamente comprometido, como lo es el “hangar”, caso que dejó al descubierto una trama ilegal que le permitió a los Romero quedarse con un hangar de Aviación Civil de la Provincia.


La causa penal

En esta causa hay trece imputados. Se trata de Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban, su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni y los otros imputados están acusados del delito de “peculado”.

La operación, en tanto, gira en torno a la venta irregular de 90 hectáreas que fueron adquiridas por la provincia el 5 de junio de 1998. Así surge del decreto Nº 1297 firmado por Fernando Zamar como gobernador interino, y en el que se acepta como pago de tercero por la deuda que mantenía la firma Import S.R.L. con el ex Banco Provincial, una fracción de terreno ubicada en finca La Ciénaga.

En ese decreto, en el artículo 5, se estableció que las tierras ingresaban al patrimonio de la provincia para ser destinadas al Programa de Familia Propietaria. La operación, avalada por el ex escribano de Gobierno, Víctor Manuel Brizuela, se formalizó mediante escritura 2.631 del 15 de julio de 1998, en la que se consignó la operatoria de compra-venta por 1.100.000 pesos, en paridad con el dólar.

En 2004, con la cotización del dólar a $ 2.91, la propiedad alcanzó un valor de $ 3.201.000. No obstante, y según la acusación penal, Romero autorizó la entrega de las 90 hectáreas como pago por una suma de 460.000 pesos a José Luis Agustoni, mediante escritura pública de fecha 16 de febrero de 2004.

Fuente: Nuevo Diario de Salta