Clínicas aseguran que están colapsadas por la expansión del coronavirus en Salta

Coronavirus 08 de septiembre de 2020
El sector privado de la salud hizo circular un comunicado en el que rechazaron las actuaciones del Gobierno y la Justicia. El fiscal de Estado hizo la presentación y el juez Ignacio Colombo fue quién hizo lugar a la medida cautelar.
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El enfrentamiento entre el Gobierno de Salta y las instituciones médicas privadas fueron la noticia del lunes. En este marco, el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina presentó un recurso de amparo para exigir a las clínicas su atención a pacientes COVID-19 a fin de resguardar la capacidad de los hospitales públicos. El juez Ignacio Colombo hizo lugar a la presentación, lo que, provocó una nueva respuesta por parte del sector privado. 

Las empresas, que firmaron la nota, que publicó El Tribuno, como "Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Salta", se dirigieron al gobernador "en relación a las versiones periodísticas que nos imputan falsamente desinterés e indiferencia por pacientes de COVID-19 y que lo han determinado a la presentación de una acción judicial tendiente a obligarnos a que cumplamos con el deber de asistencia médica".

"Consideramos necesario informar a la comunidad de Salta que, a la fecha, el sistema privado de salud se encuentra prácticamente colapsado por la expansión de la pandemia, lo que se traduce en la ocupación plena de las camas para internación, como también en la saturación de consultas por guardia y por vía telefónica vinculadas con la patología que nos afecta transversalmente", expusieron.

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Además, se quejaron por no recibir ayuda económica estatal para hacer frente a la mayor demanda de atención como consecuencia de la pandemia: "Pusimos desde el primer momento nuestra infraestructura a disposición del Gobierno provincial. Es por ello que un alto porcentaje de los casos vinculados al coronavirus han contado con respuesta eficiente en el servicio de salud privado, el que no ha recibido auxilio económico alguno. Por el contrario, información oficial ha divulgado que el aparato estatal se ha visto beneficiado con la inversión de $2.000.000.000". 

Finalmente, consideraron que la Justicia no puede obligarlos "a cambiar una realidad que habla de: aumento del costo de manera exorbitante en medicamentos, material descartable, oxígeno, la existencia de vacantes de toda la rama del personal de salud abocada a la atención de pacientes con patología COVID-19 y su expansión a niveles con duplicación de la cantidad de contagios prácticamente todas las semanas".

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