En una audiencia de impugnación, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó esta tarde la prisión preventiva del ex intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, medida dispuesta el 19 de noviembre pasado por el Juez Federal de Garantías Gustavo Montoya a instancia del Fiscal General Eduardo José Villalba, quien lleva adelante la investigación.
Prado, principal investigado por el robo de caños del Gasoducto GNEA, fue detenido el 18 de noviembre pasado a pedido del fiscal Villalba, quien ese mismo día amplió la acusación penal en contra del ex intendente, del ex secretario de Hacienda del municipio, Fredy Céspedes y del empresario mendocino Diego Alos, dueño de la firma OSYP SA.
La acusación penal se amplió por delitos de robo agravado, defraudación a la administración pública y falsificación de instrumento privado. Sobre este punto, la fiscalía presentó nuevas pruebas que comprometieron aún más la situación de Prado, Céspedes y Alos, como los principales responsables de una organización criminal que tuvo como objeto la desafectación de bienes del Estado Nacional, como los caños del gasoducto, para sacar provecho personal con su comercialización en el mercado negro.
En ese contexto, la fiscalía no descartó la existencia de otros delitos, como el de peculado y enriquecimiento ilícito, por lo que el fiscal sostuvo que de llegar surgir elementos probatorios al respecto, se planteará en su momento su derivación a la justicia provincial.
Posteriormente, en la audiencia de control de la legalidad de la detención de Prado, la fiscalía planteó la prisión preventiva del ex intendente en función de la gravedad del hecho, el riesgo procesal y entorpecimiento de la investigación, pues la fiscalía adelantó que en los próximos días se tomarán distintas testimoniales de personas que podrían ser influenciadas de manera negativa por el acusado.
Impugnación
Por su parte, el abogado Fernando Teseyra, representante de Prado, impugnó la decisión de Montoya de disponer la prisión preventiva del ex intendente, como así también planteó la incompetencia de la justicia federal respecto a los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El defensor insistió que los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito no serían de interés de la justicia federal, a la vez que señaló que en la justicia provincial su cliente ya es investigados por hechos de corrupción.
Respecto a la prisión preventiva de Prado, solicitó sea revocada y se disponga la libertad del mismo. Para ello, adujo que el juez Montoya no valoró los indicadores de riesgo procesal y definió la privación de la libertad del ex intendente como “desproporcionada e innecesaria”.
Seguidamente, sostuvo que Prado tuvo una colaboración activa en el proceso penal en su contra, pues avaló que se investiguen sus cuentas bancarias, cumplió con todas las citaciones recibidas en el marco de la investigación.
Además, indicó que en la audiencia de ampliación de la acusación penal tomó conocimiento por parte del juez de que se había ordenado su detención, la que se formalizó dos horas después. “En esas dos horas, mi cliente no se fugó e incluso entregó de manera voluntaria su teléfono cuando le fue requerido”, dijo el letrado.
Tras cartón, y sin dejar de rechazar y tildar de apresurada y hasta de arbitraria la prisión preventiva, el abogado planteó de manera subsidiaria la prisión domiciliaria. Y en ese sentido, aseguró que Prado tiene arraigo formal y trabaja en una empresa de Jujuy.
Por último, rechazó que el ex intendente podría influenciar en testigos, circunstancias en que cuestionó el hecho de que la fiscalía, que solicitó la prisión preventiva de Prado por 20 días, no haya avanzado con la citación de los declarantes.
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