Se cumplen cinco años del violento crimen de Jimena Salas ocurrido en su casa en Vaqueros y frente a sus hijas. Desde aquel fatídico día, no hubo justicia, la causa pasó por varios fiscales sin conseguir una prueba certera e incluso se llegó a juicio pero los dos sospechosos resultaron inocentes.
Urgidos por la necesidad de resultados, a mediados de 2019, la Unidad de Graves Atentados contra las Personas cambió de estrategia en torno al caso y el 10 de ese mes detuvo a Sergio Horacio Vargas, un vendedor ambulante que había estado en la casa de la víctima el día del crimen.
Primero, los fiscales lo acusaron de ser el autor material, pero ante la falta de una prueba directa, bajaron la acusación a partícipe secundario del delito de homicidio agravado por alevosía y violencia de género, entre otros calificantes.
Vargas defendió su inocencia desde el primer momento, reconoció haber estado el día del hecho en la casa de Jimena, a quien pretendía venderle un par de sandalias, pero aseguró que nada tuvo que ver con el brutal asesinato.
Pese a los planteos de su defensa por recuperar la libertad, Vargas quedó preso hasta el día del juicio. A esa etapa no llegó solo, pues los fiscales, en otra jugada osada, acusaron a Nicolás Cajal de encubrir el homicidio de su esposa, imputación que no les alcanzó para ponerlo tras las rejas.
Contra viento y marea, los fiscales forzaron el juicio, en el cual llegaron con una gran expectativa de obtener una condena, sin embargo, todo fue un fiasco.
El equipo fiscal, integrado por Ramiro Ramos Ossorio, Ana Inés Salinas y Gustavo Torres Rubelt, llegó a juicio con puros indicios, los cuales esperaban presentar hilvanados en busca de convencer a los jueces de la Sala VII, compuesta por Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman.
Nada de eso sucedió, pues la presentación de la fiscalía en contra de los dos acusados careció de contundencia, algo que los jueces esperaban si es que iban a dictar una condena en un caso tan trascendente para los salteños, pues no querían que su actuación dejase dudas.
Desde el 3 al 20 de mayo, el tribunal escuchó a cientos de testigos y peritos que presentaron sus informes, como así también prestó atención a la tarea de las defensas, en este caso a cargo de Marcelo Arancibia y Luciano Romano, por Vargas y Pedro Arancibia por Cajal.
El 21 de mayo, en los alegatos, la fiscalía cerró filas y pidió la condena para Vargas y Cajal por los delitos imputados. Justificó su acusación en aspectos que, fueron calificados luego por las defensas como puras conjeturas, definición con la cual estuvo de acuerdo el tribunal al resolver su fallo, pues sostuvo que no hubo pruebas directas contra los acusados sino meros indicios.
En su fallo, los jueces dijeron que “en el Tribunal” prevaleció un “estado de duda razonable en torno a que los hechos hayan sucedido como lo planteó la fiscalía. Así, el análisis lleva a señalar que “en el hecho que se juzga, la fiscalía en su teoría del caso, no produjo ninguna prueba directa que apoye su postura, es por ello que su acusación se construye sobre la base de indicios”.
Sergio Vargas
En cuanto al vendedor ambulante, quien fue el que cargó con el mayor peso, pues estuvo preso dos años, la fiscalía sembró dudas respecto a la razón por la cual el día del crimen, estuvo en la cuadra de la casa de Salas. Y para ello desechó la idea de que fue a vender un par de sandalias.
Con interrogantes respecto a por qué se cruzó toda la ciudad para vender allí, sumado al testimonio de vecinas que dijeron haberlo visto varias veces en el barrio, la fiscalía intentó sostener que Vargas tenía la tarea de “marcar” la casa de la víctima.
Ahora bien, y a criterio del Tribunal, “la sola presencia de Vargas en el lugar del hecho ese día, no resulta suficiente para acreditar que éste haya cooperado en la producción del resultado en connivencia con los autores, pues la valoración de esa sola prueba, resulta insuficiente para lograr la certeza necesaria que requiere un pronunciamiento condenatorio”.
“Esta insuficiencia probatoria repercute sobre el punto central de la figura imputada a Vargas como cómplice secundario. A pesar de la loable, profesional y extensa investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal y que contó con el apoyo del cuerpo agentes, especialistas y peritos puestos a disposición, no se obtuvieron elementos probatorios apreciables en el debate que vinculen a Vargas con aquellos autores desconocidos”, dijeron los jueces en su fallo.
Incluso afirmaron que la sola presencia de Vargas en cercanías del lugar es prueba suficiente de la participación accesoria en el hecho. “Es necesario constatar, mediante pruebas idóneas, que Vargas como partícipe secundario prestó un auxilio o asistencia útil al hecho principal”.
Nicolás Cajal
La fiscalía basó la acusación en cuatro puntos considerados claves, entre los cuales destacaron la supuesta pasividad del viudo al momento del hallar el cuerpo de su mujer en el piso de la cocina comedor de su casa, lo que fue descartado cuando el tribunal mandó a reproducir el llamado que hizo al 911 para pedir ayuda.
Al respecto, los jueces dijeron que esos llamados evidenciaban un lamento “desgarrador” de Cajal, de la misma manera “los vecinos escucharon los gritos de un “no” por parte de Cajal, al ver a su pareja fallecida, lo que determina su angustia ante la escena que encontró. Demostrando que la fiscalía asumió una mirada parcializada atento a que no se consideró angustiante el llamado al 911, ni las testimoniales que afirmaron la congoja del imputado”.
La fiscalía afirmó que Cajal quería cobrar un seguro de vida que había tomado días antes de la muerte de Jimena, el cual fue, en realidad, un servicio propuesto a la empresa Garbarino, donde trabajaba. Con esta idea, se intentó plantear que mandó a matar a su esposa para hacerse de ese dinero.
El tribunal, en tanto, consideró que Cajal no prosiguió el trámite del cobro del seguro y decidió esperar hasta se resuelva su situación procesal. “Tampoco se pudo determinar que tenía un interés en el cobro del seguro de vida que era colectivo a través de la Empresa Garbarino, aquí también se cuestiona su forma de actuar, pero no hay ningún elemento de prueba que determine su interés en que ocurra el lamentable hecho para querer realizar el cobro.
Los jueces desecharon todas las dudas de la fiscalía en torno a Cajal, tales como que tenía dos juegos de llaves, la decisión de cremar el cuerpo, el mal funcionamiento del sistema de alarma de la casa, que fue él quien esparció en la cama un joyero para pintar con ello la teoría de un robo frustrado y, por último, la supuesta existencia de dinero o drogas en un maletín, siendo éste el botín de pago de los sicarios contratados.
Los sí, en el penúltimo párrafo de su sentencia, los jueces ordenaron “la devolución del Legajo de Investigación a la UGAP, a fin que continúe con la investigación para determinar los autores del hecho delictivo”, de lo cual hasta el momento nada se sabe.
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