Una deuda pendiente. El procurador Pedro García Castiella, anunció que designó una nueva unidad fiscal para que investigue el crimen de Jimena Salas, ocurrido en su casa en Vaqueros en enero de 2017 y que hasta la fecha no tuvo resolución a pesar de que se realizó un juicio.
Se trata de uno de los crímenes más violentos y sangrientos de la historia salteña, ya que la víctima recibió numerosas puñaladas en su casa, sus hijas fueron encerradas en el baño y no fue robado ningún objeto.
En medio de una investigación que dejó mucho que desear y llevó al banquillo de los acusados a el viudo y un vendedor ambulante, resultando ambos sobreseídos, hoy se busca darle un cierre al caso, tratando de encontrar la verdad.
La comisión investigadora está a cargo de los fiscales Mónica Poma, Especializada en Femicidios, el Fiscal Penal de Graves Atentados a las Personas, Leandro Flores y el Fiscal Penal de Derechos Humanos, Gabriel Alejandro González, quienes deberán asumir de manera conjunta, con la colaboración de sus respectivos Auxiliares”.
El objetivo es dar continuidad a la investigación del caso y cumplir con la premisa constitucional del afianzamiento de la Justicia y promover la actuación de la misma en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, como así también abastecer no solo el mandato constitucional que impone la actividad acusatoria, de perseguir -debido proceso mediante- el enjuiciamiento y eventual imposición del castigo penal al o los responsables del delito, sino también el derecho a la verdad, todo conforme a los paradigmas consagrados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución aludida, señala “Que teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones tramitadas mediante Legajo de Investigación N° 67/2019 de la Unidad de Graves Atentados a las Personas (AP N° 49/2017 de la Sub Comisaría Vaqueros), corresponde a este Procurador General que, con el fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones acusatorias, adoptar medidas tendientes a favorecer ese rol, que implica cumplir con el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 166, letra a, Constitución de Salta).
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