Esta mañana el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, encabezó esta mañana una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para evaluar la situación que atraviesa el sector ganadero como consecuencia de los tres años de sequía en la región, generados por el fenómeno climático La Niña.
Según lo establecido por la Ley 6.241, la comisión está integrada de Agricultura y Ganadería de la Provincia presidentes de las comisiones de Agricultura y Ganadería de ambas Cámara Legislativas Provinciales, SENASA Regional NOA, INTA Salta, Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena Salta, secretarios de Recursos Hídricos, representantes del Banco Nación, Banco Macro, organismos como la Dirección General de Rentas e invitados como la Cámara Regional de la Producción, Sociedad Rural de Salta, intendentes de los departamentos afectados y organismos de crédito de la provincia.
“Esta sequía histórica es transversal a todos los sectores productivos y el daño que causó es enorme”, comentó el ministro que luego agregó: "Hoy después de todos los relevamientos y las acciones que los procedimientos legales prevén, estamos en condiciones de proponer al Gobernador el decreto de Emergencia Ganadera".
En este sentido, explicó que "la declaración de la emergencia va a permitir acceder a la Mesa de Emergencia Agropecuaria Nacional y a beneficios que prevé la ley y que se suman a los que anunció el ministro Massa".
El Gobierno Provincial continuará trabajando junto a otros sectores cuyos daños ameritan la emergencia, "lo que tenemos que hacer como Gobierno es tratar de mitigar el impacto y que la cadena productiva pueda seguir adelante".
En el mismo se explicó que el 2022 fue el 8º año más seco de la historia argentina, repercutiendo especialmente en la región centro y este de nuestra provincia. Esto se traduce en que el 87% del ganado se encuentra afectado, perjudicando a cerca de 3 mil establecimientos y sus trabajadores.
Las consecuencias económicas de la sequía afectan tanto a productores como consumidores, y también perjudican los ingresos y la supervivencia de las familias rurales.
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