Imputan a una banda que montó una red clandestina para "proveer internet" en Orán

Una investigación a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal de Salta, procedió con la imputación de media docena de personas, acusadas de haber montado una empresa que proveía de manera clandestina un servicio de internet con materiales y la conexión a la red de propiedad de la prestataria Telecom.

Según la información compartida por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los imputados son Walter Andrés Sosa Orellana, Antonio Alejandro Villafuerte, Walter Rafael Cañamero, su pareja, Melisa Berón, y su hermano Joaquín Maximiliano. Algunos de ellos fueron acusados por delitos de entorpecimiento de telecomunicaciones en concurso real con estafa y hurto, otros por el delito de estafa, en grado de coautor.

Este paso surge dentro de la investigación que nace con la denuncia hecha por la empresa Telecom en octubre del 2022, tras reunir información sobre las irregularidades. Desde el Ministerio Público Fiscal se presentó una acusación por la creación y puesta en marcha de una empresa dispuesta para proveer el servicio de internet, de manera paralela y clandestina, “siendo los principales responsables e ideólogos de esta maniobra Sosa Orellana y Cañamero”, según dijo el fiscal Villalba.

En este punto dijo que Sosa Orellana y Walter Cañamero, ambos empleados de Telecom, se aprovecharon de su función sino para “montar” una red ilegal que funcionaba bajo la denominación de WIFINET y Orán Conecta, a través de la cual iniciaron en 2018 una actividad comercial que se extendió hasta el 1° de marzo pasado.

Los imputados aducían que WIFINET llegaba a 19 barrios y que contaban con 200 usuarios, por lo que era necesario el pago de 25 a 35 mil pesos en concepto de instalación y un abono mensual de 3 mil.

La fiscalía destacó que todo el montaje de la red se logró a partir del hurto de material y equipamiento de la propia empresa a la que le robaban la señal. Por ejemplo, los módems adquiridos consumían un promedio de 600 GB (Giga Byte) por día, cuando el máximo de consumición por contrato era de 350 GB por mes, siendo este un indicador evidente del robo de la señal.

Luego de trabajo de campo e inteligencia, se pudo dar con los domicilios de los acusados, donde se instalaron antenas transmisoras y receptoras de la señal robada. Asimismo, se resaltó que con este caso hubo una afectación a un número indeterminado de personas, incluida oficinas pertenecientes al Estado nacional.

En la audiencia donde le fiscal expuso toda la situación, la jueza dio por formalizada la acusación, otorgó las medidas de coerción y autorizó una serie de medidas aún pendientes para el avance de las pesquisas. La defensa no planteó ninguna oposición.