Canchi y Cornejo condenados, él libre y ella no: el análisis de sus causas

En los últimos meses, ex intendentes salteños fueron llevados al banquillo de los acusados por graves irregularidades durante su gestión. Los casos más recientes son los de la ex intendenta de Isla de Cañas, Angelina Lucía Canchi y el ex intendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, ambos fueron hallados culpables de los delitos indilgados.

Sin embargo sobresalió que Canchi, condenada a 4 años de prisión efectiva, se encuentra tras las rejas cumpliendo su pena, mientras que Cornejo recibió la pena de seis años de prisión pero no quedó preso, sino que permanecerá libre hasta que quede firme la sentencia dictada.

¿Cómo analizar esta cuestión? Al respecto el doctor Joaquín Vélez, abogado, estuvo dialogando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde ahondó en ambos casos como en sus respectivas condenas. Primeramente sobre el caso Canchi, profundizó al haber sido defensor de la misma.

“Hoy tiene una sentencia de primera instancia, le dictan una condena de  años de prisión efectiva”, comentó primeramente. “¿Por qué hay políticos detenidos y otros no? La diferencia está en una ley de la época de De la Rúa, de la época de las coimas en el Senado, que regula esto y le da fueros a políticos en ejercicio de funciones, para las detenciones, no para la investigación o la indagatoria, ahí está el ejemplo de Cristina” Kirchner, comentó.

También enfatizó que en el derecho penal, la interposición de recursos no tiene carácter de suspensión a la pena dictada. “En mi caso voy a hacer recursos (por su defendida) pero la interposición no suspende la detención de ella, se mantiene hasta tanto se resuelva”, agregó anticipando que si se la revocan o se la bajen a la pena, obtendrá la libertad.

En cuanto al caso Cornejo, que no quede preso fue “una decisión del juez quien decide si ordena la detención efectiva o no; me suena raro, no es típico que haya una pena superior a los 3 años y no tenga detención efectiva”, se sinceró agregando que se han dado casos a la inversa.

Algo que planteó igualmente Vélez es que al código de procedimiento en Salta le falta rever los plazos ordenatorios. “Para nosotros hay exigencias, para los jueces no, entonces termina siendo un año lo que podría ser en 4 meses”, aseveró.