El crimen de Lucio Dupuy, ocurrido en 2021, quien con sólo cinco años murió a causa de los terribles maltratos vividos a manos de su mamá y la pareja de ella, motivaron a legisladores a trabajar en un proyecto de ley que lleva su nombre y fue aprobado con el objetivo de prevenir y detectar de forma temprana situaciones que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Pero en Salta, también hubo un Lucio, se llamaba Thiago Quipildor, tenía 4 años y murió agónicamente tras sufrir terribles hechos de violencia y maltrato a manos de una familia cuidadora, porque el niño y sus hermanos estaban judicializados.
En pos de que no haya más hechos de esta naturaleza, el Servicio de Asistencia a la Víctima de Salta (S.A.Vic.), destacó la relevancia de esta reciente ley, aprobada de manera unánime a nivel nacional el 13 de abril de 2023 y se comprometió a trabajar en la prevención.
A partir de ella se creó el Plan Federal de Capacitación, permanente, obligatorio y continuo, en derechos de niños y adolescentes. Su implementación estará a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con el objetivo de formar a personas que trabajan en diferentes áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Esta legislación persigue, además, la modificación de prácticas institucionales y comunitarias para prevenir y detectar maltratos y abusos en la infancia. Reconoce que la prevención de violencias en la infancia es responsabilidad compartida y compromete a toda la sociedad.
Desde el enfoque institucional del Servicio de Asistencia a la Víctima de Salta, es fundamental promover y difundir los indicadores de violencia hacia niños y adolescentes, así como los recursos disponibles para denunciar.
Por ello se sumaron a la concientización y sensibilización en esta materia, ya que las violencias en contra de las infancias no son un asunto privado, sino una cuestión de derechos humanos, política, social y de salud pública que requiere la colaboración de todos los sectores.
La responsabilidad primaria respecto a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes es de padres, madres, familia ampliada y compromete a entidades de la comunidad, sectores de salud, seguridad, sistema de administración de justicia (Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa y Poder Judicial).
Las intervenciones de cada organismo y dependencia deben coordinarse hacia el interior de la institución, entre quienes tienen incumbencia en el caso y articular la participación de otros órganos para evitar atención superpuesta, parcializada o revictimizante de niñas, niños y adolescentes y que no queden desprovistos de acompañamiento institucional.
El Servicio de Asistencia a la Víctima comparte la responsabilidad de contribuir al cambio cultural necesario para eliminar las violencias hacia los más jóvenes. A través de la capacitación, la sensibilización y la atención integral, se trabaja para crear un entorno seguro y protector para todas las niñas, niños y adolescentes de la comunidad.
Desde S.A.Vic. se subraya la imperiosa necesidad de desarrollar estrategias para desnaturalizar los diversos tipos y modalidades de violencias hacia las infancias, tanto en el mundo real, como en el virtual (en línea) para aprender a prevenirlas, detectarlas tempranamente, reconocerlas, identificarlas, denunciarlas, investigarlas, sancionarlas, intervenir adecuadamente y acompañarlos responsablemente en el proceso de recuperación, reparación y restitución de derechos.
Los servicios, oficinas y centros de Asistencia a la Víctima de la República Argentina vienen desarrollando experiencias en atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias, cuyo reconocimiento en lo atinente a sus funciones resulta necesario, dadas las tareas que la Ley Lucio dispone, con un activo rol en materia de capacitación, concientización, sensibilización, asesoramiento, orientación y atención.
En la provincia de Salta, puntualmente, en materia de prevención y detección temprana de sospechas y develamientos de malos tratos, abusos y violencias hacia niños, niñas y adolescentes, cabe destacar el positivo avance que ha experimentado con la implementación de una Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en 2019, que aprueba el Protocolo de Intervención ante situaciones de Maltrato Infantil, Abuso sexual y Violencia de Género en espacios educativos.
La Ley Lucio conmina, interpela, exige a cada sector, público y privado, a que todos los actores de la comunidad se involucren en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, en ese acto de corresponsabilidad que implica velar por la salud integral de nuestros niñas, niños y adolescentes, que son nuestro aquí y ahora.
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