Ayer, se llevaron a cabo dos nuevas detenciones en el contexto de la investigación relacionada con funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de conceder beneficios o facilitar la introducción de elementos prohibidos y estupefacientes a personas privadas de la libertad.
Los detenidos son un exinterno de la Unidad Carcelaria 1 y su pareja, quienes fueron trasladados y alojados en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta. Ambos serán imputados en las próximas horas.
Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta recibió una denuncia de amenazas a una persona vinculada a la causa.
También se logró advertir que las líneas pertenecientes a los teléfonos secuestrados fueron activadas en otros aparatos telefónicos, ocasionando con ello el entorpecimiento de la investigación.
En el escrito, también precisaron que “no se pueden detallar los nombres y apellidos de los testigos citados, toda vez que los mismos son interceptados días antes de declarar, en sede de esta Unidad Fiscal”.
Con todo ello, y dado el estado de la investigación, consideraron que “existe riesgo de entorpecimiento, en tanto aún no se le ha recibido declaración a los posibles testigos de los hechos, siendo necesario cautelar su testimonio tanto en esta etapa como en el plenario, en donde en definitiva se constituirán en prueba”.
Cabe destacar que el 29 de diciembre pasado, la Unidad Fiscal interviniente ya había presentado un recurso de apelación al Juzgado de Garantías 3 solicitando la revocación de las medidas sustitutivas.
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